La Comunidad de Madrid empieza a cobrar a los colegios concertados por engordar su negocio
La Comunidad de Madrid ha decidido cambiar su política educativa y empezará a cobrar a los colegios concertados construidos sobre parcelas públicas que quieran aumentar su oferta educativa a etapas no obligatorias (como Infantil, Formación Profesional o Bachillerato) impartidas en régimen privado. Esta decisión supone un cambio en la tradicional apuesta por los conciertos educativos que ha caracterizado a la política del Partido Popular en la región desde la llegada al poder de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso en 2019.
Según la información facilitada por el Gobierno autonómico en respuesta a una solicitud de información realizada por el diario El País, actualmente se está trabajando en determinar la tasa que deberá pagar el centro concertado de Villa de Vallecas del grupo GSD Gredos para el curso 2024-2025.
La cláusula que permite el cobro se recoge en los pliegos de condiciones de los tres últimos colegios concertados que ha sacado a licitación la Comunidad de Madrid. Esta operación ha supuesto la cesión gratuita de tres terrenos públicos valorados en un total de 30 millones de euros para que las empresas ganadoras los exploten durante 40 años, prorrogables a 75, a cambio de construir las instalaciones.
Hasta ahora, el negocio de las empresas concesionarias se basaba en tres vías: facilitar la entrada de los alumnos en el centro con las becas de Educación Infantil, asegurar la continuidad de esos estudiantes cuando acaban las etapas concertadas (Infantil, Primaria y ESO) y, por último, permitir que puedan ofrecer enseñanzas privadas puras en etapas no obligatorias.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha decidido cambiar esta situación y empezará a cobrar a los colegios concertados por engordar su negocio. En los pliegos de condiciones de los últimos concursos licitados para construir colegios privados concertados en Valdebebas, Vallecas y El Cañaveral se recoge que, en el supuesto de que el concesionario amplíe la oferta educativa del centro, solicitando la autorización de otras enseñanzas no obligatorias que funcionarían en régimen privado, se revisará el establecimiento de una tasa por ocupación o aprovechamiento de bienes de dominio público.
Esta medida afectaría a los cursos de Infantil, Bachillerato o Formación Profesional Superior que se abran en los nuevos concertados y que hasta ahora estaban exentos de este pago. Según un portavoz gubernamental, "lo obligatorio es educación primaria y secundaria".
Esta decisión supone un punto de inflexión en la política educativa del PP en la Comunidad de Madrid y ha generado reacciones encontradas entre los principales grupos educativos de la región. El grupo GSD, que gestiona el centro concertado de Villa de Vallecas, ha asegurado que no tiene opinión al respecto, mientras que Educare ha mostrado su conformidad con la medida.
Novedades en la política de conciertos educativos
La decisión de empezar a cobrar a los colegios concertados por engordar su negocio no es la única novedad en la política de conciertos educativos de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional también ha cedido gratuitamente tres terrenos públicos para la construcción de nuevos colegios privados concertados en los distritos de Villa de Vallecas, Hortaleza y Vicálvaro.
Esta cesión de terrenos ha sido posible gracias a una fórmula legal que permite al Ayuntamiento de Madrid ceder parcelas públicas a la Comunidad de Madrid, que a su vez organiza el concurso para que un privado afronte la construcción y explotación del centro concertado.
El Ejecutivo regional no culminaba una concesión de este tipo desde 2013, cuando puso en marcha el colegio Pasteur Arroyomolinos para el curso 2013-2014. En 2018 se licitó otro concertado, pero la tramitación no llegó a cerrarse. Y en 2022, el actual Ejecutivo regional reactivó un concierto durmiente (concedido pero no ejecutado) de 2005