Marruecos ha decidido iniciar este viernes unas maniobras navales que se extenderán durante tres meses en las costas del Sáhara Occidental, lo que ha generado preocupación en el Gobierno de Canarias. Los ejercicios de la Marina Real se llevarán a cabo a unas 2,7 millas náuticas (cinco kilómetros) de las costas cercanas a El Aaiún y Dajla (antiguamente conocida como Villa Cisneros), según una circular difundida el 19 de marzo por las autoridades marroquíes. Esta advertencia de seguridad se dirige a marineros y pescadores para que eviten navegar por las zonas militares designadas, tal como adelantó El Confidencial y confirmó un portavoz del Frente Polisario, organización que aboga por la independencia del territorio controlado por Marruecos desde su salida de España como potencia administradora en 1975.

El Gobierno de Rabat guarda silencio sobre las maniobras, pero medios marroquíes como el digital bladi.net las describen como una medida "para reafirmar la soberanía de Marruecos sobre las aguas del Sáhara" después del revés sufrido la semana pasada ante la justicia de la Unión Europea en el proceso sobre la validez del acuerdo de pesca con Bruselas. El mismo portal informativo afirma que la actividad naval continuará hasta finales de junio, cuando se espera que el Tribunal de Justicia de la UE emita el fallo definitivo. Las fuentes del Frente Polisario aseguran que en los últimos días se ha observado "un inusual despliegue de fuerzas de seguridad" en las zonas costeras.

Marruecos dispuesto a recibir menores no acompañados, pero advierte de obstáculos legales
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El aviso de la Dirección de Pesca Marítima marroquí especifica que las cuatro áreas circulares donde se llevarán a cabo las maniobras navales tienen un radio de dos millas náuticas. Sus coordenadas se ubican frente a las costas de El Aaiún y Dajla, así como en otras dos áreas en aguas jurisdiccionales cercanas a las costas de Tan Tan y Agadir, en el sur de Marruecos.

El anuncio de las maniobras organizadas por Marruecos ha generado una nueva señal de alarma en Canarias. El sur de la isla de Fuerteventura es la zona más cercana a los ejercicios navales (a unos 125 kilómetros del sector de maniobras de El Aaiún). El presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha transmitido su inquietud al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a quien ha solicitado información sobre la "decisión unilateral" de Rabat de realizar los ejercicios navales, según confirmó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello. Un portavoz de Asuntos Exteriores se limitó a señalar el jueves que, "si el ministro tiene algo que comunicar al respecto al presidente de Canarias, lo hará a través de los canales habituales".
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Albares "está siempre disponible para todos los gobiernos autónomos. De hecho, el presidente Clavijo tiene el número personal del ministro y hablan en múltiples ocasiones. La última vez fue el domingo. Sus directores de gabinete también mantienen contacto regularmente. La última vez fue ayer [por el miércoles]. La comunicación con el Gobierno de Canarias en distintos niveles es y seguirá siendo permanente, también en lo relativo a esta materia", subrayó el portavoz de Asuntos Exteriores, informa Miguel González. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autónomo anunció que a partir del lunes habrá contactos "para que se produzca un encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente del Gobierno canario, para hablar no solo de las maniobras sino de las relaciones de Marruecos y el Estado en lo que afecta a Canarias".

Clavijo ya había solicitado a Albares en una carta que le envió a finales de febrero "información sobre las reuniones que se habían mantenido con el Reino de Marruecos". A mediados del mes pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Rabat, donde fue recibido por el rey Mohamed VI. "Canarias no puede quedar al margen [de los acuerdos entre los dos países]", advirtió entonces el presidente regional.

Cualquier movimiento del Ejecutivo de Rabat es seguido con atención y preocupación desde las islas, especialmente desde que se reactivó la ruta migratoria irregular a finales de 2019, que tiene a Marruecos y al Sáhara Occidental como principales puntos de origen.

Uno de los ejemplos más recientes es la aprobación en abril de 2020 de la delimitación por parte de Marruecos de sus 200 millas náuticas de zona económica exclusiva (ZEE) y sus 350 millas náuticas de plataforma continental. Su aprobación supuso, de facto, adentrarse en las 200 millas de la ZEE de España en Canarias y en la plataforma que España solicitó ante la ONU en diciembre de 2014. El entonces presidente autonómico, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó el "compromiso cerrado de los gobiernos de España y Canarias" de "elevar la voz donde proceda" si Marruecos "toca una sola milla de las aguas marítimas canarias".

Poco más de dos años después, el supuesto hallazgo de yacimientos de gas natural en aguas marroquíes cercanas al archipiélago volvió a disparar las alarmas. "No tenemos dudas de que los marroquíes van a ser bastante más laxos en materia de seguridad en las perforaciones", sentenció el entonces senador Clavijo, actual presidente autonómico.

El anuncio de las maniobras en la costa saharaui se produjo dos días antes de que la abogada general de la UE, la croata Tamara Capeta, dictaminara el 21 de marzo que "el acuerdo pesquero entre la Unión y Marruecos debe anularse". Tapeta argumentó que, "al no tratar el territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes de forma separada y distinta al Reino de Marruecos, […] no se respetó el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui". Su recomendación jurídica es un paso previo a la sentencia definitiva que el Tribunal de Justicia de la UE tiene pendiente de dictar. Aunque los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes, en un 80% de las ocasiones coinciden con las sentencias de los jueces. La abogada general de la UE comunicó sus conclusiones tras los recursos presentados contra una sentencia dictada en 2021 en primera instancia por el Tribunal General de la UE que daba la razón al Frente Polisario.

El protocolo pesquero suscrito entre la Unión Europea y Rabat en 2019 expiró en julio, cuando abandonaron las aguas bajo control marroquí en el Sáhara Occidental la veintena de barcos andaluces, canarios y gallegos que contaban entonces con licencia sobre un máximo de 93 autorizaciones negociadas para España por Bruselas. Mientras no se dicte una sentencia firme sobre la demanda del Polisario, las partes han dejado en suspenso la renovación del acuerdo.