Gobernador de Hidalgo Respalda Detenciones Tras Marcha del 8M, Pero Abre la Puerta a Investigación por Abusos Policiales
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, se encuentra defendiendo las acciones tomadas por las autoridades durante y después de la marcha del 8 de marzo (8M) en Pachuca. En medio de las acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, Menchaca está asegurando que las detenciones estuvieron justificadas y basadas en evidencia sólida, aunque no descarta la posibilidad de investigar a los elementos policiales involucrados.
La Postura del Gobernador Menchaca
Menchaca Salazar está declarando que su administración tiene «registros fotográficos y elementos suficientes» para respaldar la detención de las personas presuntamente involucradas en actos de vandalismo y alteración del orden público durante la marcha del 8M y los días posteriores. Según el gobernador, estas personas están siendo acusadas de arrojar gasolina durante la manifestación y de realizar pintas en la sede del gobierno estatal. Sus palabras están reflejando una confianza en la labor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), encabezada por Salvador Cruz Neri, quien le ha brindado estas garantías.
Sin embargo, en un intento por equilibrar su respaldo a las fuerzas del orden con la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, Menchaca está abriendo la posibilidad de una investigación interna. «No descartamos investigar a policías por presuntos abusos», enfatizó, añadiendo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE) podría iniciar una carpeta de investigación para indagar la conducta de los policías que participaron en las detenciones. Si se comprueba que hubo excesos o violaciones a los protocolos, Menchaca está prometiendo que se aplicarán las sanciones correspondientes.
Reacciones y Contexto
Las declaraciones de Menchaca están surgiendo en un contexto de creciente tensión y debate público sobre la actuación de las fuerzas policiales en manifestaciones feministas. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas están denunciando un patrón de represión y criminalización de la protesta social, argumentando que las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza buscan disuadir la participación en futuras movilizaciones. Las víctimas y sus familiares están alzando sus voces, denunciando abusos y exigiendo justicia.
El Debido Proceso en el Centro del Debate
El gobernador Menchaca está insistiendo en que se respetará el debido proceso en todos los casos. «Todos tienen derecho a la defensa, pero debemos preservar el orden público y preservar la seguridad», afirmó. Está señalando que la carpeta de investigación iniciada por la PGJE busca recabar elementos, testimonios y material probatorio para determinar la responsabilidad de los detenidos. Además, está recalcando que la decisión final sobre si vincular a proceso a una persona recae en un juez, quien deberá evaluar si existen elementos suficientes para sustentar la acusación.
Investigación Interna: ¿Un Compromiso Real?
La promesa de investigar a los policías involucrados está siendo vista con escepticismo por algunos sectores de la sociedad civil. Existe la preocupación de que la investigación interna no sea imparcial ni exhaustiva, y que termine encubriendo o minimizando los abusos cometidos. Para generar confianza en la ciudadanía, es fundamental que la investigación sea transparente, independiente y que cuente con la participación de observadores externos. Si se detectan malas prácticas, es crucial que se apliquen sanciones ejemplares a los responsables, sentando un precedente para evitar que estos incidentes se repitan en el futuro.
El Reto de Equilibrar Seguridad y Derechos Humanos
El caso de las detenciones tras la marcha del 8M en Hidalgo está ilustrando el complejo reto de equilibrar la necesidad de mantener el orden público con la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión. Las autoridades están obligadas a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, pero también deben respetar el derecho a la protesta pacífica y evitar cualquier forma de represión o criminalización de la disidencia. El diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas fundamentales para construir una relación de confianza entre la policía y la ciudadanía, y para prevenir abusos y violaciones a los derechos humanos.
El Futuro de las Manifestaciones Feministas en Hidalgo
La forma en que se resuelva este caso podría tener un impacto significativo en el futuro de las manifestaciones feministas en Hidalgo. Si las autoridades demuestran un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas, y si se sancionan los abusos policiales, es posible que se restaure la confianza en las instituciones y se sienten las bases para un diálogo constructivo. Sin embargo, si se percibe que hay impunidad o encubrimiento, es probable que aumente la desconfianza y la polarización, y que las tensiones entre la policía y los manifestantes se intensifiquen. El gobierno de Julio Menchaca tiene la oportunidad de marcar una diferencia y de demostrar que está comprometido con la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Fuente: Información obtenida de Milenio.
Autor: Teodoro Santos, Milenio.
