El Senado mexicano aprueba la convocatoria para la elección de jueces y magistrados en 2025
El Senado mexicano ha aprobado, con 78 votos a favor y 39 en contra, la convocatoria para iniciar el proceso de elección de jueces y magistrados que culminará el primer domingo de junio de 2025, cuando se elegirán 881 integrantes del Poder Judicial.
La convocatoria fue aprobada con el voto en contra de la oposición, que se ha negado a avalarla por considerar que forma parte de un proceso que ha sido impugnado. Sin embargo, la mayoría morenista y sus aliados en el Senado han cumplido con lo establecido en la reforma judicial, que fijaba como plazo máximo el 16 de octubre para emitirla.
Con la emisión de la convocatoria, los integrantes del Poder Judicial que resultaron insaculados en tómbola deberán decidir si participan en la elección o declinan, así como los nuevos aspirantes que quieran ocupar un cargo.
Los senadores de Morena, PT y Verde han reprochado que la oposición se niegue a avalar la convocatoria, mientras que la oposición ha señalado que se trata de un "desfile de hipocresías" y que Morena pretende quedarse con el Poder Judicial.
De acuerdo con la convocatoria, los cargos a elegir serán:
- Cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales
- 464 cargos de magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados
- Magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Apelación
- 386 cargos de juezas y jueces de Distrito
Los candidatos deberán presentar una serie de requisitos, como el acta de nacimiento, la credencial para votar, el título de licenciado en Derecho, un certificado de estudios de historial académico y documentos que acrediten su actividad jurídica o práctica profesional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignará en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2025 una partida complementaria necesaria para que el INE lleve a cabo la organización y desarrollo del proceso electoral.
El Poder Ejecutivo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el INE cuidarán que el proceso de campaña de los candidatos transcurra con seguridad y sin interferencias de cualquier institución o agente que puedan afectar la imparcialidad, equidad de la competencia y el ejercicio de los derechos político-electorales.