El Plebiscito Constitucional 2023 se acerca en Chile, una encrucijada trascendental para el futuro de la nación. ¿Cuál es la repercusión de no votar y qué implica esta omisión?
El Plebiscito del 17 de diciembre se vislumbra como un hito determinante en la trayectoria constitucional de Chile. Los ciudadanos están convocados a las urnas para tomar postura entre dos opciones capitales: "A favor" o "En contra" de la propuesta de la nueva Constitución presentada por el Consejo Constitucional.
El voto en esta jornada electoral se establece como un deber ineludible para todos aquellos habilitados, conforme al padrón electoral definitivo dispuesto por el Servicio Electoral (Servel), accesible para consulta en su portal oficial.
La omisión de este deber cívico acarrea consecuencias legales significativas. Aquellos que decidan no acudir a votar el 17 de diciembre podrían enfrentarse a una multa que oscila entre 0,5 y 3 UTM, destinada al beneficio municipal. En términos actuales, este rango representa una sanción económica de $32.108 a $192.648, según lo estipulado por el SII para el mes de diciembre.
A pesar de la obligatoriedad del voto, existen circunstancias válidas que eximen a ciertos electores de cumplir con esta obligación cívica.
La Ley 21.524, aprobada en 2022, establece la regulación de las multas por el incumplimiento del deber electoral, así como las exenciones y el procedimiento para su determinación. Ante la ausencia de voto, la ley fija sanciones económicas concretas, abarcando multas que van desde 0,5 a 3 UTM, equivalentes a aproximadamente 30 mil a 180 mil pesos.
No obstante, aquellos ciudadanos que no cumplan con su deber cívico deberán justificar su ausencia presentando documentos que respalden su situación, los cuales serán evaluados en un juicio.
El Plebiscito Constitucional 2023 se erige como un evento trascendental para el futuro de Chile. La obligatoriedad del voto conlleva sanciones económicas significativas para aquellos que no ejerzan este derecho cívico, a menos que se acojan a las excepciones contempladas por ley. La participación activa se perfila como un pilar esencial en la definición del destino constitucional del país.