Naciones Unidas insta a España a preservar la memoria histórica de violaciones de derechos humanos
Ante las iniciativas de los gobiernos bipartitos de PP y Vox para derogar las leyes regionales de memoria y sustituirlas por otras llamadas "de concordia", Naciones Unidas insta a España a que adopte "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos".
Obligaciones internacionales incumplidas
El informe de la ONU, firmado por Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, asegura que las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos.
Estas iniciativas, señala el informe, "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia". Para la ONU, estas acciones "pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas" de la Guerra Civil y la dictadura franquista, "obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos" en la materia y "pueden invisibilizar" las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista.
Revisionismo y negacionismo
Además, Naciones Unidas destaca que las iniciativas de PP y Vox para derogar las leyes regionales de memoria sustituyéndolas por otras llamadas de concordia, "evitan, y/o omiten nombrar o condenar el régimen franquista" y subraya que contribuyen a alentar teorías "revisionistas o negacionistas" sobre la Guerra Civil y la dictadura.
Responsabilidad del Estado español
El informe de la ONU recuerda las obligaciones internacionales en la materia adquiridas por España al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009), entre otros tratados e internacionales, e insiste en que "todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel -nacional, regional o local-, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humano".
Además, los relatores de la ONU advierten de que "el incumplimiento de estas obligaciones por parte de tales entidades u autoridades está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español".