El Gobierno español está ultimando con el Gobierno de Canarias un nuevo modelo de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El objetivo es aliviar a los territorios más expuestos a la inmigración irregular, como las islas Canarias, Ceuta y Melilla.

Situación actual y objetivos del nuevo modelo

La premisa de la solidaridad territorial, aparentemente sencilla, ha tardado años en concretarse. Según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el cambio de modelo exige una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería con la que se dictarán los criterios que se seguirán para el reparto y en qué circunstancias podrá activarse.

Teniendo en cuenta la coyuntura actual, se prevé una redistribución inicial de 2.500 menores, así como una financiación de 125 millones de euros para las comunidades acogedoras. La propuesta está pendiente de varias modificaciones que ha pedido el Ejecutivo canario para garantizar más agilidad en el reparto. Una vez cerrada, requerirá el respaldo de las Cortes.

Reparto y criterios de acogida

De los 2.500 menores extranjeros que se espera redistribuir, 2.350 saldrán del archipiélago, mientras que los otros 150 lo harán desde Ceuta. El futuro reparto se basa en criterios ya ensayados en los distintos intentos para imponer una solidaridad territorial con este colectivo.

Se tendrán en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, el esfuerzo que cada comunidad emplea en la acogida de menores extranjeros y la dispersión de la población. Según estos criterios, la campeona en acogida será La Rioja. La comunidad, que a lo largo de los últimos años ha destacado por las pocas plazas destinadas a menores inmigrantes, tendrá ahora que desplegar 285 camas para ellos.

Tras ella, destacan Cataluña (191 menores), Madrid (187) y Andalucía (186). La comunidad que menos niños y adolescentes deberá acoger será Navarra, con solo 97 nuevas plazas.

Financiación y situación de emergencia

Esta nueva solidaridad "vinculante" contará con una financiación específica para compensar el esfuerzo de los territorios. Así, La Rioja recibiría 15,3 millones de euros para la acogida de los 285 niños que le corresponden. El montante destinado a cada comunidad se va recortando conforme se reducen las plazas comprometidas, partiendo de la base de que el gasto por cada menor es de 52.925 euros anuales a los que habría que añadir previsiones de gastos adicionales.

La reubicación de los niños estará regulada por ley cuando se considere que un territorio se encuentre ante una "contingencia migratoria extraordinaria". Pensada para Canarias, Ceuta y Melilla, estas deberán acreditar "la insuficiencia de los servicios autonómicos" para garantizar el interés superior del menor o, dicho de otro modo, que el sistema de protección de menores tenga una ocupación por encima del 150% de su capacidad, una situación de emergencia.

Antecedentes y contexto

El Gobierno central y el autonómico llevan meses negociando este nuevo modelo. Era una prioridad para las islas y fue, por ello, una de las exigencias de Coalición Canaria para apoyar la investidura de Pedro Sánchez del pasado noviembre. Se jugaba parte de su gestión en ello.

Tras la formación de Gobierno, en mayo de 2023, Coalición Canaria se encontró con las cifras de inmigración irregular de nuevo en alza y con una llegada inédita de menores migrantes no acompañados. Entre el 1 de enero hasta el 15 de abril, arribaron a las islas 14.115 personas, frente a las 2.376 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un 491% más. Solo el año pasado, el total de llegadas ascendió a casi 40.000.

Un paso hacia la solidaridad territorial

El acuerdo será un hito si, finalmente, se aprueba. La cuestión de la acogida proporcionada de los menores extranjeros no acompañados está sobre la mesa en cada repunte migratorio y no se había resuelto hasta ahora a pesar de las recurrentes quejas de las comunidades más afectadas.

En los últimos años, ha habido varios intentos, como los acuerdos que se firmaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con los que se pactó trasladar a 774 niños y adolescentes desde Canarias y Ceuta, pero todos fracasaron.

Este nuevo modelo no resuelve los desafíos de inclusión, documentación y atención que requiere un colectivo considerado vulnerable, pero sienta las bases para que algunos territorios más expuestos por su situación geográfica no vean sus infraestructuras y presupuestos totalmente sobrepasados.