Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigen el retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para ahondar en la investigación y reprochan al presidente Andrés Manuel López Obrador que encubra a militares involucrados.

Retraso en la investigación

La administración actual, según los padres, ha dado la espalda a las víctimas al encubrir al Ejército luego de que se descubriera su infiltración en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y sus nexos con Guerreros Unidos, responsables de la desaparición de los jóvenes.

Marcha y cuestionamientos

Tras una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, a la que asistieron 10 mil personas, los padres cuestionaron a López Obrador por sus acusaciones a grupos de derechos humanos que los han apoyado en su lucha.

«El Presidente se dedica a desprestigiar a los que quieren ayudarnos, con tal de no llegar a la verdad», reprochó Mario González, padre de César Manuel González.

Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, también desaparecido desde hace 10 años, exigió el regreso del GIEI y reiteró que López Obrador los ha abandonado.

«Hay informes que demuestran la participación de los militares; exigimos que entreguen los folios faltantes de lo ocurrido esa noche y el regreso del Grupo de Expertos, porque es el único que nos ha llevado a la verdad», expresó.

Versión del gobierno

En su conferencia matutina, el presidente expuso que «se hizo todo» para encontrar a los estudiantes y admitió que su promesa de campaña no se ha cumplido debido a complicaciones.

«Que les quede muy claro, se los digo de manera sincera, con todos mis sentimientos: no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió. Quisimos saberlo todo… se complicaron las cosas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso, la justicia tarda, pero llega; hay que seguir adelante», sostuvo.

Avances y retrocesos

La CIDH manifestó su preocupación por el estancamiento de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada para esclarecer el caso.

Según el organismo, persiste un «pacto de silencio» que impide identificar a los responsables de la desaparición y sus encubridores.