El Poder Judicial del Perú Mantiene Firme la Restricción contra Evo Morales
Las autoridades judiciales de Perú mantienen intacta la medida que impide la entrada al país del exmandatario boliviano Evo Morales. La vigencia de esta resolución se produce en un contexto de acusaciones del gobierno de Dina Boluarte sobre la presunta injerencia de Morales en asuntos de política nacional. Una decisión de enero de 2023 por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones prohibió su ingreso, la cual ha sido ahora ratificada por la Segunda Sala Constitucional de Lima.
El intento por anular dicha restricción, mediante un recurso de hábeas corpus impulsado por el abogado Ronald Atencio, fue revocado recientemente, sosteniendo el Poder Judicial que la decisión de Migraciones está fundamentada en reportes de inteligencia que indican una posible amenaza a la seguridad interna del Perú por parte del exlíder boliviano.
¿Cuál es el fundamento de la Prohibición?
La base de la restricción impuesta a Evo Morales reside en un informe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Según este documento, Morales es identificado como impulsor y partícipe de eventos ideológicos y políticos que buscarían desestabilizar el orden interno peruano. Este factor ha sido crucial para que, tras la apelación presentada por Migraciones, la medida inicial sea confirmada, descartándose así la pretensión del abogado defensor de que la limitación había sido producto de una motivación inexistente.
La sentencia resalta que no se observa afectación actual de los derechos del ciudadano Evo Morales ya que él reside en Bolivia y no ha mostrado señales de querer ingresar a territorio peruano. Además, rememora la declaración de persona 'non grata' al exmandatario en noviembre de 2021 por el Congreso de Perú, resaltando un patrón de comportamientos que han sido calificados de activismo negativo e injerencia política.
Impacto de la Decisión Judicial
La resolución del Poder Judicial no solo refleja las tensiones políticas existentes, sino que también subraya la soberanía del Estado peruano en la regulación del ingreso de extranjeros. La decisión es presentada como medida protectora ante cualquier intervención que pudiese poner en peligro la estabilidad y seguridad interna del país.
