La posible localización de la fosa común más grande hallada en Madrid tras la Guerra Civil está cada vez más cerca, a tenor del informe elaborado por una empresa madrileña y entregado al Ayuntamiento de Madrid. Los resultados obtenidos en el estudio del georradar son “altamente compatibles” con la posibilidad de que exista una fosa común, según ha podido saber EL PAÍS.

El georradar detecta indicios de una fosa común

La inspección se realizó en una parcela de 10.000 metros cuadrados donde el Ayuntamiento de Madrid planifica la construcción de un mega cantón de basuras. Los vecinos lideran una fuerte oposición a la obra por su proximidad al Colegio Alemán, el Colegio Santa María La Blanca, la escuela infantil Sol Solito, el cementerio de Fuencarral y numerosas viviendas.

En medio de esta lucha vecinal se supo, revisando los archivos históricos, que en el cementerio de Fuencarral, pegado a la parcela donde se quiere construir el cantón, hubo un desenterramiento de 451 miembros de las brigadas internacionales durante la postguerra, restos que fueron enterrados en una fosa común.

Ese hallazgo documental obligó al Ayuntamiento, hace cerca de dos meses, a contratar una empresa especializada, que llegó a la parcela con un georradar y tomógrafos para verificar si, en la zona donde se proyecta un mega cantón de limpieza, hay o no una fosa común de la guerra civil.

Confirmación de una fosa común

Fuentes conocedoras del tema han confirmado a EL PAÍS que los resultados del estudio son “altamente compatibles” con una fosa común que pueden tener restos humanos y, por ende, se recomienda un estudio arqueológico –que implica cavar la tierra– para confirmar si lo que hay allí son huesos humanos.

La espera por conocer, de manera oficial, las conclusiones del informe tiene en tensión a muchas partes. Por ejemplo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática le ha confirmado a EL PAÍS que “la empresa contratada ya ha emitido el informe” y que le han solicitado que se lo remita. Además, el informe ya ha sido entregado al Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con otra fuente.

Sin embargo, el Área de Urbanismo, encargada de esta obra, ha respondido a EL PAÍS que “cuando esté”, lo harán público. Tras ese documento también están los vecinos del barrio, quienes están sorprendidos de que no se tenga noticia de los resultados pese a que el 13 de abril se marcharon los técnicos.

Exhumación de los restos

El 13 de abril se fueron de Montecarmelo los técnicos de la empresa Gama Geofísica SL tras concluir su trabajo sobre el terreno y no hay rastro del informe, de manera pública. Esto pese a que el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, se había comprometido a que una vez se conociera el documento, se enviaría a los vecinos y al Ministerio de Política Territorial, del que depende de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que también tiene los ojos puestos sobre esta parcela.

No es poco lo que está en juego. La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, a partir de múltiples fuentes documentales y de testimonios orales, tiene indicios de que en la parcela ubicada detrás del cementerio de Fuencarral –dentro de la cual se proyecta el cantón– hay una fosa común con los restos de 451 brigadistas internacionales caídos durante la guerra civil.

Estas personas fallecieron entre 1936 y 1937 y fueron enterrados, inicialmente, en el cementerio de Fuencarral en una parcela que era propiedad de las Brigadas. Pero, en 1941, el franquismo ordenó que fueran exhumados y trasladados a una fosa común “del cementerio de esa localidad”, según consta en documentos digitalizados del Archivo de la Villa.

Entre los exhumados del cementerio hay un bebé de seis meses, una mujer y brigadistas de más de una docena de nacionalidades. Uno de ellos, de hecho, es el sobrino de la escritora Virginia Wolf.

El cantón de Montecarmelo, un tema de interés nacional

El cantón de Montecarmelo ha dejado de ser un tema local y es, ahora, un asunto de interés nacional. La dirección de Memoria de Democrática del Ministerio de Política Territorial contrató en febrero a la empresa Arqueoantro para hacer sondeos arqueológicos en esa parcela. Arqueantro, con cerca de 12 años de experiencia en localización de fosas, pretendía hacer una serie de excavaciones para comprobar, de manera mucho más precisa, si allí había o no huesos humanos.

Solo faltaba el permiso del Ayuntamiento de Madrid para entrar en los terrenos; pero, el 14 de mayo, la Dirección General de Gestión Urbanística archivó la solicitud de Arqueoantro. El Ayuntamiento argumenta que la empresa no presentó “la documentación específica que acredite que las actividades de excavación solicitadas cuentan con la autorización dictada en el seno del procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley de Memoria”.

El Ministerio volvió a pedir el sábado una autorización al Ayuntamiento para que la empresa de arqueología entre en el terreno y haga sus excavaciones. “Se les ruega que no argumenten en aplicación de artículos dilatorios que, en este caso, no corresponden”, le ha explicado el Ministerio a este diario.

Un estudio arqueológico clave

Este estudio arqueológico es la clave para dar por zanjadas todas las dudas, según sostuvo el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una visita a la parcela de Montecarmelo en abril. “Aquí lo importante es tocar tierra, entrar, bajar y decir ‘aquí puede haber restos’”, dijo Martínez, y advirtió de que es el Estado el que tiene la competencia de hacer exhumaciones si, al final, resulta que hay huesos donde el Ayuntamiento quiere hacer un cantón de basuras.

De haber una fosa, sería la primera en la capital de España en ser encontrada y, si hay suerte, abierta. También sería una de las más grandes en el país con restos de Brigadistas Internacionales. “Esto puede marcar un hito en arqueología y en la memoria de las brigadas”, apuntan desde la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales.

Los vecinos exigen transparencia

La Plataforma No Al Cantón de Montecarmelo ha reclamado al Ayuntamiento que haga público el informe de la empresa que contrató para hacer su propio estudio, por un valor de 16.550 euros, pese a que el Ministerio ya había contratado a otra empresa especializada para hacer excavaciones arqueológicas por un valor de 17.908 euros.

“El 13 de abril acabaron los trabajos. Ya han tenido tiempo suficiente para tener el informe, leerlo y comunicar sus resultados. ¿Hay algo que quiere ocultar el Ayuntamiento? ¿Hay alguna razón por la que no lo quieran ponen a disposición de los vecinos, como se había comprometido el delegado?”, cuestiona Ignacio Fernández Toxo, uno de los integrantes de la plataforma. El 29 de abril, la plataforma hizo una solicitud formal de acceso a los resultados del documento, a través de la ley de Transparencia, sin que todavía hayan recibido una respuesta. La ley da un plazo de un mes para notificar al solicitante si concede o deniega el acceso a la información.