La controversia sobre los protocolos en residencias durante la pandemia sigue generando debate
La gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19 en España continúa siendo un tema de profunda controversia y debate público. En el centro de la polémica se encuentran los protocolos implementados por las diferentes comunidades autónomas para la atención y el traslado de los residentes a hospitales. Mientras que algunas regiones optaron por restringir el acceso a la hospitalización, otras intentaron garantizar la atención médica en los propios centros residenciales. Esta disparidad en las estrategias ha suscitado interrogantes sobre la equidad en el acceso a la salud y la protección de los derechos de los más vulnerables.
Ayuso defiende su gestión mientras se examinan los protocolos de otras comunidades
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está defendiendo la gestión de su gobierno durante la crisis sanitaria, argumentando que otras comunidades autónomas también implementaron protocolos para limitar la hospitalización de residentes. Según declaraciones recogidas por El País (Peinado, 2025), Ayuso lamenta que se ponga el foco únicamente en Madrid, ignorando las decisiones tomadas en otras regiones. «Solo parece que ha fallecido gente en Madrid. No les importan los fallecidos en otras comunidades autónomas», declaró la presidenta.
Sin embargo, la publicación de los protocolos de Madrid y el análisis de documentos de otras comunidades revelan una complejidad en las decisiones tomadas y diferentes niveles de restricción en el acceso a la atención hospitalaria. Según El País (Peinado, 2025), la búsqueda de estos protocolos ha sido difícil debido a la falta de transparencia de las comunidades autónomas, incluso los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales no han podido recabar todos los documentos autonómicos sobre el asunto.
¿En qué se diferenciaban los protocolos?
Los protocolos variaban significativamente en su severidad y alcance. Algunos se centraban en restringir el acceso a camas de hospitalización convencional, mientras que otros limitaban el ingreso a las unidades de cuidados intensivos (UCI). En Madrid, los protocolos establecían directrices para que un grupo de médicos hospitalarios decidiera qué residentes, basándose en criterios de movilidad o deterioro cognitivo, serían descartados para la hospitalización.
Según el artículo de El País (Peinado, 2025), estos protocolos establecían que, ante la sospecha de COVID-19, las residencias no podían contactar directamente al 061, sino que debían llamar al geriatra del hospital de referencia, quien decidía telefónicamente si autorizaba o no el ingreso. Organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras criticaron duramente este sistema, denunciando el «abandono» sufrido por los residentes.
La respuesta de otras comunidades autónomas
Otras comunidades también implementaron medidas restrictivas, aunque con diferencias notables:
- Cataluña: Se recomendaba no ingresar en la UCI a mayores de 80 años y se daban pautas para el acceso a camas de planta, considerando la edad como un criterio importante, pero no único.
- Galicia: Siguió un protocolo similar al de Madrid, pero creó centros medicalizados específicos para atender a los residentes enfermos de COVID-19.
- Castilla y León: Restringió aún más el acceso al hospital, indicando que los enfermos debían ser tratados en la residencia, aunque creó equipos especiales para este fin.
- Aragón: Desaconsejaba la hospitalización de mayores de 80 años que vivían en sus domicilios y creó «dispositivos especiales de cuidados COVID-19» para residentes.
- Canarias: Elaboró directrices semejantes a los protocolos madrileños, considerando aptos para la hospitalización solo a pacientes independientes para la marcha y sin deterioro cognitivo.
- Valencia: También restringió las hospitalizaciones de residencias, según informaciones de prensa, aunque no se ha podido confirmar la existencia de un protocolo oficial.
- Andalucía: Estableció que las residencias debían contactar con una enfermera asignada para valorar cada caso, garantizando el aislamiento y seguimiento en la residencia para casos leves, y activando el procedimiento de derivación a un centro sanitario si se cumplían los criterios.
Las consecuencias de las decisiones tomadas
Las decisiones tomadas durante la primera ola de la pandemia tuvieron consecuencias devastadoras. Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020, y registró 7.262 muertes en residencias entre marzo y abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Peinado, 2025). Cataluña le siguió con 6.864 decesos y Castilla y León con 3.132.
Es crucial analizar a fondo lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, examinar los protocolos implementados y evaluar su impacto en la salud y los derechos de los residentes. Este análisis debe servir para aprender de los errores y mejorar la preparación y respuesta ante futuras crisis sanitarias, garantizando la protección de los más vulnerables.
Según Miguel Ángel Vázquez, médico que participó en una reunión de la Sociedad Española de Geriatría (SEGG), el protocolo de Madrid fue el primero de España y se compartió con el Ministerio de Sanidad, siendo copiado por otras regiones (Peinado, 2025). Vázquez criticó duramente el protocolo, calificándolo como «la mayor barbaridad epidemiológica cometida en el siglo XXI en España» y advirtiendo que causaría una masacre en las residencias.
La necesidad de transparencia y rendición de cuentas
La falta de transparencia en la elaboración y aplicación de los protocolos, así como la ausencia de una recopilación exhaustiva de los mismos, dificultan el análisis y la evaluación de las decisiones tomadas. Es fundamental que las autoridades competentes rindan cuentas y aclaren las razones detrás de las medidas adoptadas, garantizando el derecho a la verdad y la justicia para las familias de los fallecidos.
El debate sobre los protocolos en residencias durante la pandemia sigue abierto y exige una reflexión profunda sobre los valores que deben guiar la atención a los mayores y la protección de sus derechos en situaciones de emergencia. Este debate es esencial para construir un sistema de atención más justo, equitativo y respetuoso con la dignidad de las personas mayores.
Referencia:
- Peinado, F. (2025, 17 de marzo). ¿En qué se diferenciaban los protocolos para residencias de Madrid de los de otras comunidades? El País. Recuperado de [URL del artículo]
