Desarticulan Red que Vendía Cadáveres en Valencia
En un caso que sacude los cimientos éticos de la sociedad valenciana, la Policía Nacional sigue desmembrando una operación que implicaba la venta ilegal de cadáveres. Dueños de una destacada funeraria y dos empleados han sido detenidos por supuesta implicación en un esquema fraudulento que transformaba la muerte en una lucrativa mercancía.
¿Cómo operaba esta red clandestina?
El modus operandi era maquiavélico: falsificar documentos oficiales para retirar los cuerpos de hospitales y residencias y luego venderlos a instituciones educativas. Las universidades, en búsqueda de cadáveres para fines académicos, eran el destino final de estos desafortunados, cuyos cuerpos eran transados por aproximadamente 1.200 euros cada uno.
El inicio de la investigación
Todo comenzó a principios del 2023, cuando irregularidades en el retiro de un cadáver de un hospital llevaron a la Policía Nacional a rastrear la cadena de acontecimientos que revelaron un panorama sombrío de estafa y falsedad documental.
La magnitud del escándalo
Los detectives descubrieron que no se trataba de un incidente aislado. Una universidad llegó a ser facturada con 5.040 euros por incineraciones fantasmas, servicios nunca reflejados en libros contables de las incineradoras legitimas de la ciudad.
La vulnerabilidad de las víctimas
Los investigados se aprovechaban de cadáveres de personas sin familia, preferentemente extranjeros o con antecedentes de condiciones de vida precarias. Se les facilitaba evitar el escrutinio de familiares, garantizando impunidad hasta que la ley alcanzó a los perpetradores.
Esta red criminal no solo negociaba con la muerte sino que, tras desmembrar los cuerpos para evitar costos, introducían partes en féretros de otros difuntos, con el fin de efectuar múltiples incineraciones en un solo servicio. Una metodología espeluznante que buscaba maximizar ganancias a costas de la dignidad humana.
Implicaciones legales y sociales
Los detenidos enfrentan ahora cargos de estafa y falsedad documental, pero este caso también despierta preguntas acuciantes sobre los protocolos y la seguridad en la gestión de los restos mortales, evidenciando una grieta en la confianza depositada en instituciones vinculadas al tramo final de la vida.