La reforma al Poder Judicial es improcedente, según Godoy

La exfiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que el amparo que otorgó un juez y que frena la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma al Poder Judicial es improcedente, pues “un poder no puede hacer esto contra otro poder”.

La senadora de Morena explicó que el amparo no se admite este tipo de impugnaciones, pues así lo prevé la legislación.

Acusó que los jueces que otorgan este tipo de amparos “están en contra de dejar los privilegios, la opacidad, dejar el tema de no responder a la gente, de que se les olvide que contra reformas constitucionales no proceden impugnaciones”, señaló Godoy.

El Congreso de México declaró el viernes 13 de septiembre constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que impulsa la elección de jueces por el voto popular, y solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales de 32 estados.

Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible concentración de poder en el Ejecutivo.

Un juez de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada el próximo domingo 15 de septiembre, cuando se conmemora en el país el aniversario de la Independencia de México.

Hasta ahora, la reforma judicial cuenta con más de los 17 votos por legislaturas locales que exige la Constitución mexicana para ser declarada constitucional y ser remitida al titular del Ejecutivo, López Obrador, para su oficialización y publicación.

Las legislaturas que dieron ya su aval son las de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la capital Ciudad de México.

En tanto, ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro

Una vez hecha la declaratoria de constitucionalidad por la Cámara de Diputados, se dará trámite al presidente López Obrador para su publicación oficial y entrada en vigor.