La reforma de supremacía constitucional, aprobada por 17 congresos estatales

La reforma de supremacía constitucional, que busca blindar al Poder Judicial de las impugnaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha sido aprobada por 17 congresos estatales en tan solo dos días.

Aprobación en el Congreso de la Unión

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el miércoles 30 de octubre con 343 votos a favor y 129 en contra. Posteriormente, fue turnada a los congresos estatales para su discusión y votación.

Aprobación en los congresos estatales

El jueves 31 de octubre, 17 congresos estatales aprobaron la reforma, entre ellos Zacatecas, Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Tamaulipas, Sonora, Campeche, San Luis Potosí y Yucatán.

La rapidez con la que se ha aprobado la reforma ha generado críticas por parte de la oposición, que la califica de "golpe a la democracia" y una "violación a la Constitución".

Contenido de la reforma

La reforma de supremacía constitucional modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución para establecer lo siguiente:

Esto significa que el Poder Legislativo tendrá la última palabra en materia de reformas constitucionales, sin posibilidad de revisión por parte del Poder Judicial.

Reacciones

La aprobación de la reforma ha generado reacciones encontradas. Mientras que los legisladores de Morena y sus aliados defienden la medida como necesaria para fortalecer la soberanía del Congreso, la oposición la denuncia como un intento de concentrar el poder en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los expertos en derecho constitucional también han expresado su preocupación por la reforma, ya que consideran que debilita el sistema de pesos y contrapesos y pone en riesgo el Estado de derecho.

Principales críticas a la reforma

Perspectivas de futuro

La reforma de supremacía constitucional aún debe ser promulgada por el presidente López Obrador para entrar en vigor. Sin embargo, es previsible que enfrente impugnaciones legales por parte de la oposición y de grupos de la sociedad civil.

El desenlace de este conflicto tendrá importantes implicaciones para el futuro de la democracia y el Estado de derecho en México.