Estado de derecho y justicia administrativa: Un avance para el fortalecimiento democrático
El Estado de derecho se fundamenta en la sujeción plena de la Administración a la ley y al ordenamiento jurídico, principio de legalidad que debe plasmarse en normas que protejan a los ciudadanos en sus recursos frente a actuaciones de la Administración.
Con el objetivo de garantizar una justicia rápida, de calidad y efectiva, son necesarios diversos factores: dotación de medios humanos y materiales, actitud de los participantes en la Administración de Justicia y reformas procesales.
La Ley de 27 de diciembre de 1956, pese a su antigüedad, es reconocida por su alta cualificación técnica y sus principios. Sin embargo, en los últimos 42 años se han producido cambios significativos: aprobación de la Constitución, mayor pluralidad y complejidad de la Administración, evolución de la sociedad hacia una mayor conciencia de sus derechos.
Recientemente, el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes un proyecto de ley de modificación de la Ley de Régimen Jurídico que introduce medidas como el restablecimiento del recurso de reposición, la generalización del silencio positivo y la supresión de la comunicación previa para recurrir.
El Congreso ha aprobado una nueva ley que sustituye a la de 1956, regulando el control de los tribunales sobre la actuación de la Administración.
Esta ley, fruto del consenso entre todos los partidos, fortalece el Estado de derecho, el imperio de la ley y la tutela judicial efectiva.
Novedades introducidas por la nueva ley
- Enjuiciamiento de todas las actuaciones de la Administración, eliminando zonas inmunes.
- Posibilidad de impugnar la inactividad de la Administración o los supuestos de vía de hecho.
- Creación de más organismos judiciales.
- Ampliación de la legitimación para recurrir a quienes ostenten un interés legítimo.
- Fortalecimiento de las medidas cautelares y de garantía durante el proceso.
- Introducción del proceso testigo, que puede servir de pauta para casos idénticos.
- Simplificación de trámites y unificación de actos procesales para reducir el tiempo de los procesos.
Esta nueva ley beneficiará a los ciudadanos al permitirles impugnar judicialmente los actos de la Administración y fortalecerá el Estado de derecho y la justicia administrativa.