Reforma judicial en marcha: Elección de jueces en el horizonte
La reforma del sistema judicial en México avanza a pasos agigantados. El Senado emitirá la convocatoria para integrar los listados de candidatos que participarán en la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros el próximo 15 de octubre. Esta elección, programada para el primer domingo de junio de 2025, marcará un hito en la historia judicial mexicana.
Una nueva era para la impartición de justicia
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado la importancia de esta reforma para sanear el Poder Judicial y fortalecer el Estado de Derecho. La elección popular de jueces y magistrados, según la mandataria, garantizará la independencia y la imparcialidad de quienes imparten justicia.
Un proceso transparente e incluyente
Para garantizar la transparencia y la inclusividad del proceso, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecerá contacto con el Instituto Nacional Electoral, así como con el Senado, para revisar la implementación de la reforma.
La elección abarcará la totalidad de los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de los magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros.
Un llamado a la participación ciudadana
La Presidenta Sheinbaum ha hecho un llamado a la participación ciudadana en este proceso histórico. La elección de jueces y magistrados por voto popular es una oportunidad para fortalecer la democracia y garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita.
Hacia un sistema judicial más justo y equitativo
La reforma judicial en México es un paso fundamental hacia un sistema judicial más justo, equitativo y transparente. La elección popular de jueces y magistrados fortalecerá la rendición de cuentas y mejorará la calidad de la impartición de justicia.
La convocatoria del 15 de octubre marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia judicial mexicana. Es una oportunidad para que los ciudadanos tengan voz y voto en la configuración del Poder Judicial, garantizando así un sistema que responda a las necesidades de la sociedad.