Retrasos en reforma judicial federal no impactarán a Nuevo León, asegura Arturo Salinas
El presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Arturo Salinas Garza, está afirmando que los retrasos en la implementación de la reforma judicial a nivel federal no generarán consecuencias negativas inmediatas para la entidad. Salinas Garza, en declaraciones recientes en el programa «Cambios» conducido por Víctor Martínez Lucio, enfatizó que la próxima elección de funcionarios federales del Poder Judicial, programada para el 1 de junio, servirá como una valiosa experiencia de aprendizaje para Nuevo León.
Aprendizaje de la Elección Federal
«Venció el plazo, sí; ¿trae una consecuencia inmediata?, No. Y creo que al final lo que nos va a servir es el aprendizaje de la elección federal para adecuar nuestra legislación de una manera más sencilla para todos los ciudadanos», manifestó Salinas Garza (como se cita en Cubero, 2024). Esta postura destaca la visión del Poder Judicial de Nuevo León de capitalizar la experiencia federal para optimizar sus propios procesos y legislación.
Reacciones a la Reforma a Nivel Nacional
La reforma judicial propuesta a nivel federal ha generado diversas reacciones a lo largo del país. Según informes, estados como Jalisco y Querétaro han expresado su rechazo a la reforma, mientras que la mayoría de los estados gobernados por el partido Morena la han aprobado. En Nuevo León, el Congreso local aún no ha abordado el tema de manera formal. Sin embargo, los senadores de Morena, Waldo Fernández y Judith Díaz, han presentado una propuesta para adaptar la reforma federal a las particularidades del estado (Cubero, 2024).
Decisión de Nuevo León: Elecciones hasta 2027
De acuerdo con Arturo Salinas Garza, la reforma judicial federal permite a los estados decidir si realizar la elección de funcionarios judiciales este año o posponerla hasta que coincida con las elecciones estatales. Nuevo León ha optado por posponer esta elección hasta el año 2027, coincidiendo con las elecciones para la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales y federales. Esta decisión estratégica busca optimizar la logística electoral y asegurar una mayor participación ciudadana.
«En Nuevo León tenemos elección hasta el 2027 y plantear una elección en 2025 habría sido complicado», indicó el titular del Poder Judicial estatal (Cubero, 2024). Esta declaración subraya la complejidad de organizar una elección judicial separada en un estado con un calendario electoral ya definido.
Proceso de Reforma en Nuevo León
Actualmente, se están presentando iniciativas de reforma en Nuevo León, que serán discutidas en dos etapas en el Congreso local. Primero, se aprobará una primera vuelta para abrir la discusión pública y comenzar con mesas de diálogo. Este proceso busca asegurar la transparencia y la participación ciudadana en la formulación de la nueva legislación. Una vez que concluyan las elecciones de junio en otras entidades del país, Nuevo León analizará las áreas de oportunidad que pueda aprovechar.
Complicaciones Potenciales de la Reforma Federal
Salinas Garza ha expresado su preocupación sobre las posibles complicaciones que la reforma federal al Poder Judicial podría acarrear. Entre estos desafíos, destaca la complejidad de la elección misma, el cambio abrupto que implicaría la renovación total del Poder Judicial y las incertidumbres sobre el futuro de la carrera judicial y la independencia judicial.
Desafíos Identificados por Salinas Garza:
«Esta reforma creo que va a traer algunas complicaciones en la parte de administración de justicia. Primero, el gran reto que es la elección en sí misma; número dos, habrá un cambio abrupto en el sentido de decir ‘se renueva todo el Poder Judicial’ y esto traerá una etapa de ir consolidando o adaptando a esto», comentó Salinas Garza (como se cita en Cubero, 2024).
Contexto de la Reforma Judicial Federal
La reforma judicial fue una iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su último año de mandato, y fue aprobada en septiembre de 2024 por ambas cámaras del Congreso. El objetivo principal de la reforma es convertir a México en el primer país del mundo en elegir a sus jueces por voto popular. Esta iniciativa fue impulsada en el marco del enfrentamiento entre López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que había bloqueado varias de las iniciativas presidenciales clave.