Ministerio de Seguridad denuncia a juez por impedir intervención federal en marcha de jubilados
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, está intensificando su confrontación con el Poder Judicial tras la decisión del juez Roberto Andrés Gallardo de limitar la participación de las fuerzas federales en la manifestación de jubilados programada frente al Congreso. La cartera de seguridad está presentando una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura, argumentando que el fallo del magistrado responde a motivaciones ideológicas en lugar de consideraciones estrictamente jurídicas.
Fundamentos de la Denuncia
Según declaraciones del Ministerio de Seguridad, recogidas por ámbito.com, la resolución del juez Gallardo vulnera la división de poderes y desestima fallos judiciales previos. Se está alegando que la acción de amparo, presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN, se basa en supuestos hipotéticos, careciendo de un caso judicial concreto que justifique la intervención del juez. Además, el ministerio está señalando que un planteo similar ya fue rechazado en el pasado por la Justicia, argumentando falta de legitimación activa y tratarse de un reclamo abstracto.
El Ministerio de Seguridad está argumentando que la Justicia porteña no tiene jurisdicción en asuntos que involucran a fuerzas federales, competencia que recae exclusivamente en la Justicia federal. «A pesar de estos antecedentes, el juez Gallardo está ignorando la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir», denunciaron desde la cartera, según informa ámbito.com. También, están cuestionando la celeridad con la que se resolvió el caso, habilitando días y horarios judiciales inhábiles sin justificación.
La Postura del Ministerio Público Fiscal
El Ministerio Público Fiscal y la Cámara de Apelaciones se están sumando a las críticas, reforzando el argumento de que la Justicia porteña carece de la autoridad para intervenir en asuntos de competencia federal. Esta postura está generando un debate sobre los límites de la jurisdicción y la autonomía de las diferentes instancias judiciales.
Implicaciones Políticas y Sociales
La disputa entre el Ministerio de Seguridad y el juez Gallardo está ocurriendo en un contexto de tensiones políticas y sociales, donde las manifestaciones y protestas son frecuentes. La decisión de limitar la intervención de las fuerzas federales está generando interrogantes sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el orden público durante las movilizaciones.
El Operativo de Seguridad en la Manifestación
Tras la decisión judicial, el operativo de seguridad en la manifestación de jubilados frente al Congreso está quedando a cargo de la policía porteña. Esta medida está obligando a las autoridades locales a coordinar esfuerzos y garantizar la seguridad de los manifestantes y del público en general.
Reacción del Gobierno
El gobierno está acusando al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». La denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura está buscando investigar la conducta del juez Gallardo y determinar si incurrió en alguna irregularidad.
Declaraciones Finales del Ministerio de Seguridad
En su denuncia, el Ministerio de Seguridad está argumentando que la actuación del juez Gallardo constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder. «El Ministerio está considerando que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional», se está indicando desde la cartera, según ámbito.com.
Próximos Pasos
Se está a la espera de la resolución del Consejo de la Magistratura, que deberá determinar si existen fundamentos para iniciar un sumario contra el juez Gallardo. Mientras tanto, la polémica continúa generando debates y tensiones en el ámbito político y judicial.
