Senadoras del PRI Insisten en un Parlamento Abierto Antes de la Discusión sobre Desaparición Forzada
En un momento crucial para la legislación en materia de desaparición forzada en México, senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están redoblando sus esfuerzos para asegurar que se realice un parlamento abierto antes de cualquier periodo extraordinario de sesiones destinado a aprobar la iniciativa sobre este tema. Esta petición surge en medio de un debate nacional sobre cómo abordar la crisis de desapariciones y garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y consideradas en la creación de leyes.
El Respaldo a la Iniciativa Presidencial con una Condición
Las senadoras del PRI han manifestado su apoyo a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum de convocar a un periodo extraordinario para discutir y aprobar su iniciativa sobre desaparición forzada. Sin embargo, este respaldo está condicionado a la realización previa de un parlamento abierto. Según Silvia Arellano (2024) de Grupo Milenio, este parlamento abierto es esencial para escuchar directamente a los colectivos de búsqueda, quienes han estado en la primera línea de esta crisis y tienen valiosas perspectivas y propuestas que deben ser consideradas.
Cristina Ruiz, senadora mexiquense del PRI, ha sido una voz prominente en este llamado. En una entrevista reciente, Ruiz destacó la urgencia de abordar este tema en la Cámara Alta, pero enfatizó que la participación de las madres buscadoras es fundamental. «Solo sí, como bien lo dices, si hubiera un parlamento abierto. ¿Por qué? Porque hay que escuchar las peticiones y las propuestas de las madres buscadoras que me parecen importantes, que son quienes todos los días viven esta situación y han sido conocedoras de muchos temas», afirmó Ruiz.
La Importancia de la Participación de las Víctimas
La senadora Claudia Anaya, legisladora de Zacatecas, también del PRI, recordó que la actual Ley General en Materia de Desaparición, que fue construida en 2017, fue el resultado de una mesa tripartita que involucró a colectivos de víctimas, el gobierno federal y el Congreso. Anaya argumenta que cualquier modificación a esta ley debería seguir un esquema similar para garantizar su legitimidad y efectividad.
Anaya criticó la falta de acuerdos actuales y instó al gobierno federal a tomar en serio la construcción de propuestas que sean verdaderamente útiles para las víctimas. «Si se quiere hacer alguna modificación para mejorar la ley, habría que tener en consideración que mínimamente tiene que existir la participación de estos tres elementos. Y en ese sentido, pues, si ya se está convocando a un periodo extraordinario sin que exista todavía ningún acuerdo y habiendo pasado apenas la etapa de escucha y la Secretaría de Gobernación se lleva una tomadura de pelo querer proceder con la misma iniciativa que la presidenta mandó», señaló Anaya.
La Visión desde Morena
El senador de Morena, Enrique Inzunza, también ha expresado su apoyo a la idea de escuchar a las víctimas. Inzunza afirmó que, aunque la iniciativa presidencial está bien fundamentada, es crucial que cuente con legitimidad social. «Independientemente de que el contenido de la iniciativa parece que está perfectamente bien fundamentado, creo que le da una legitimidad el que escuchemos a las personas que están buscando sus familiares desaparecidos», apuntó Inzunza.
El Rol del Estado y la Participación de las Familias
Inzunza destacó que la responsabilidad principal de buscar a los desaparecidos recae en el Estado, pero reconoció el papel orientador de las víctimas en las tareas de búsqueda. Además, cuestionó que en gobiernos anteriores se haya delegado esta responsabilidad a las familias, una práctica que, según él, no debe repetirse.
El Contexto de la Crisis de Desapariciones en México
La crisis de desapariciones en México es un problema persistente y profundamente arraigado. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 1964 hasta la fecha, se han reportado más de 100,000 personas desaparecidas en el país. Esta cifra alarmante subraya la urgencia de implementar políticas y leyes efectivas que aborden este problema y brinden apoyo a las familias de las víctimas.
La participación activa de los colectivos de búsqueda y las familias de las víctimas es esencial para garantizar que las leyes y políticas sean sensibles a sus necesidades y experiencias. Estos colectivos han desarrollado protocolos de búsqueda, recopilado información crucial y brindado apoyo a otras familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos.
La Necesidad de un Enfoque Integral
Para abordar la crisis de desapariciones de manera efectiva, es necesario un enfoque integral que incluya medidas de prevención, búsqueda, identificación y sanción de los responsables. Además, es fundamental garantizar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias.
- Prevención: Implementar políticas y programas que aborden las causas fundamentales de las desapariciones, como la impunidad, la corrupción y la violencia.
- Búsqueda: Fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluyendo la creación de un sistema nacional de identificación forense y la capacitación de personal especializado.
- Identificación: Establecer protocolos claros y eficientes para la identificación de restos humanos y la restitución de los mismos a sus familias.
- Sanción: Investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones, incluyendo a funcionarios públicos involucrados.
El Camino a Seguir
La petición de las senadoras del PRI de realizar un parlamento abierto antes de la discusión sobre la iniciativa de desaparición forzada es un paso importante en la dirección correcta. Al escuchar a los colectivos de búsqueda y a las familias de las víctimas, se puede garantizar que las leyes y políticas sean informadas por sus experiencias y necesidades. Este proceso participativo puede ayudar a construir un consenso más amplio y a crear soluciones efectivas para abordar la crisis de desapariciones en México.
El gobierno federal, el Congreso y todos los actores relevantes deben trabajar juntos para garantizar que se realice un parlamento abierto significativo y que las voces de las víctimas sean escuchadas y consideradas en la creación de leyes y políticas. Solo a través de un enfoque integral y participativo se puede lograr una solución duradera a esta crisis y brindar justicia y reparación a las víctimas y sus familias.
