El Supremo da ultimátum al Gobierno para proteger a menores migrantes en Canarias
El Tribunal Supremo de España ha emitido una orden urgente, dando al Gobierno central un plazo de diez días para que asuma la responsabilidad del cuidado y la protección de aproximadamente mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran bajo la tutela de los servicios de protección de menores en las Islas Canarias. Esta decisión judicial, divulgada este miércoles, representa un hito importante en la prolongada disputa entre el Gobierno canario y la administración central sobre quién debe asumir la carga de estos menores, muchos de los cuales son solicitantes de asilo.
La decisión del Tribunal Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha aceptado una medida cautelar solicitada por el Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo. Esta medida obliga al Ejecutivo central a «garantizar el acceso y la permanencia» de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Según Reyes Rincón (El País, 2025), el tribunal ha sido enfático al establecer un plazo «improrrogable» para que el Gobierno central cumpla con esta orden.
La decisión del Supremo también estipula que el Gobierno debe informar al tribunal sobre las medidas adoptadas dentro de este plazo de diez días. Una vez transcurrido este período, el tribunal determinará si es necesario celebrar una vista pública para evaluar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.
Contexto de la crisis migratoria en Canarias
Canarias, debido a su ubicación geográfica, se ha convertido en un punto de entrada clave para los migrantes que buscan llegar a Europa desde África. El flujo constante de llegadas ha ejercido una presión significativa sobre los recursos de la región, especialmente en lo que respecta a la atención de menores no acompañados.
El Gobierno canario argumenta que no cuenta con los recursos suficientes para atender adecuadamente a estos menores, y ha estado solicitando asistencia al Gobierno central durante meses. La falta de una respuesta adecuada llevó al Gobierno de Fernando Clavijo a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en octubre del año pasado.
Argumentos del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha examinado las competencias de ambas administraciones y ha determinado que la gestión del sistema de acogida corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, de acuerdo con el real decreto 220/2022. El tribunal ha sido crítico con la inacción del Gobierno central, señalando que el sistema estatal de acogida no ha sido puesto a disposición de estos menores, a pesar de que tienen «pleno derecho» a acceder a él.
«La implantación efectiva [del sistema de acogida] se revela imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores -según resulta notorio- se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger», afirmó el Tribunal Supremo (El País, 2025).
Implicaciones legales y derechos de los menores
El tribunal también ha recordado que tanto la Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria, como el real decreto 220/2022, establecen un sistema integral de acogida para los solicitantes de asilo. Este sistema incluye el derecho a recibir prestaciones sociales específicas, como servicios sociales y de acogida, diseñados para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.
- Ley 12/2009: Asilo y protección subsidiaria.
- Real Decreto 220/2022: Regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.
Estos marcos legales, según el Supremo, fundamentan la obligación del Gobierno central de proporcionar la asistencia necesaria a estos menores migrantes.
Próximos pasos y posibles escenarios
Ahora, el Gobierno central se enfrenta a la tarea de implementar las medidas necesarias para cumplir con la orden del Tribunal Supremo en un plazo de diez días. Esto podría implicar la habilitación de plazas de acogida adicionales, la asignación de recursos humanos y financieros, y la coordinación con las autoridades canarias.
Según Ediciones EL PAÍS S.L. (2025), el incumplimiento de la orden judicial podría acarrear consecuencias legales para el Gobierno, incluyendo posibles sanciones y la obligación de comparecer ante el tribunal para justificar su inacción.
La situación sigue desarrollándose y se espera que haya ampliación de la noticia en los próximos días.
Referencias:
- El País. (2025). El Supremo da diez días al Gobierno para hacerse cargo de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo en Canarias. Recuperado de https://elpais.com/espana/2025-03-26/el-supremo-da-diez-dias-al-gobierno-para-hacerse-cargo-de-un-millar-de-menores-no-acompanados-solicitantes-de-asilo-en-canarias.html
