Gobierno y comunidades autónomas del PP se enfrentan por la distribución de menores inmigrantes
La gestión de la acogida de menores inmigrantes no acompañados (MENA) está generando una fuerte controversia entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular (PP). La falta de acuerdo en la distribución de estos menores, que actualmente saturan los servicios sociales de Canarias y Ceuta, ha escalado a un conflicto político de gran envergadura. El Ejecutivo central, liderado por el PSOE, cuestiona la información proporcionada por la Comunidad de Madrid y critica la falta de colaboración de Aragón, vinculándola a su relación con Vox. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha anunciado un recurso y Andalucía amenaza con otro, profundizando la crisis.
El origen del conflicto: la reforma de la Ley de Extranjería
La raíz del problema se encuentra en la reforma de la Ley de Extranjería, impulsada por el PSOE con el apoyo de Junts, que busca establecer traslados automáticos de menores migrantes cuando el sistema de protección de una autonomía supere el triple de su capacidad. Esta medida, que se debatirá y votará en el Parlamento el 10 de abril, ha sido recibida con el rechazo frontal del PP y Vox, quienes la consideran una imposición y una vulneración de las competencias autonómicas. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha expresado su malestar por la información proporcionada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, calificándola de «cifra general» que no permite dimensionar adecuadamente el sistema de acogida. Según Rego, la Comunidad de Madrid atendió a 2.442 menores en 2024 y tiene una sobreocupación del 132% en sus recursos. La ministra insiste en la necesidad de conocer el número exacto de menores migrantes no acompañados con una plaza habilitada en el sistema de acogida (Marcos & Forero, 2025).
Criterios de distribución: una fórmula compleja
El Gobierno central pretende aplicar una serie de criterios objetivos para la distribución de los menores, entre los que se incluyen:
- Población (50%)
- Dispersión de la población (2%)
- Renta per cápita (13%)
- Desempleo (15%)
- Insularidad (2%)
- Condición de territorio fronterizo (2%)
- Número de menores acogidos en los últimos seis meses (6%)
- Esfuerzo realizado en la atención a este colectivo en los últimos años (10%)
Sin embargo, la aplicación de estos criterios se ve obstaculizada por la falta de información precisa por parte de algunas comunidades autónomas. La ministra Rego ha criticado duramente la decisión de Aragón de recurrir la petición de información del Gobierno, argumentando que esta falta de colaboración dificulta la correcta dimensión del sistema de acogida. Rego (2025) afirma que «De lo que esto da la sensación es de que Vox sigue gobernando en algunos territorios», y ha enfatizado el carácter humanitario de la cuestión y la necesidad de proteger los derechos de la infancia.
Reacciones autonómicas: recursos y críticas al Gobierno
La respuesta de las comunidades autónomas gobernadas por el PP no se ha hecho esperar. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley que permite el traslado automático de menores migrantes. Camarero acusa al Gobierno de no haber debatido ni acordado esta cuestión en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, vulnerando los principios de autonomía financiera, cooperación y lealtad institucional. Según Camarero (2025), la Generalitat Valenciana destina 23 millones de euros anuales a la atención de estos menores, mientras que solo recibe 1,2 millones del Gobierno central, lo que tensiona el sistema de atención, con más de 900 menores atendidos y una ocupación de los recursos del 160%.
Andalucía se suma a las críticas
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, también ha expresado su rechazo a la medida y ha asegurado que su comunidad estudia presentar un recurso. Moreno (2025) ha lamentado que se sienten «indefensos ante un Gobierno que tiene unos inputs y unos tics muy preocupantes: es el ‘ordeno y mando’». Ha añadido que están «cansados de tener que tragar todas y cada una de las órdenes que nos da Sánchez».
Próximos pasos: búsqueda de consenso y ultimátum
Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado que se tomará «unos días» para hablar con las comunidades autónomas y precisar los datos, con el objetivo de establecer criterios de reparto claros y justos. La ministra Rego ha advertido que, en el caso de aquellas comunidades que no aporten la información precisa, se utilizarán los últimos datos disponibles de finales de 2023. El plazo para afinar los datos tiene como horizonte la convalidación del real decreto ley en el Congreso la próxima semana (Marcos & Forero, 2025). El enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas del PP por la acogida de menores inmigrantes no acompañados continúa escalando, con recursos judiciales y fuertes críticas cruzadas. La falta de acuerdo amenaza con agravar la situación de saturación de los servicios sociales y pone en riesgo la protección de los derechos de estos menores.
