Las universidades públicas de Madrid exigen a Ayuso que cubra al menos todos los gastos de nómina

Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos) están presionando a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para que cubra al menos todos los gastos de nómina de sus trabajadores, al igual que ocurre con los maestros o los médicos.

Según los cálculos de los campus, necesitarían 200 millones de euros adicionales para poder seguir abriendo cada día, ya que los gastos básicos no están cubiertos. La situación financiera de las universidades madrileñas es dramática, siendo la que peor financiación recibe de España, un 21% menos de gasto por alumno que la media, según el Ministerio de Ciencia, a pesar de que su renta per cápita es un 36,5% mayor.

Financiación insuficiente y envejecimiento del profesorado

El Gobierno regional esquiva el tema hablando del caso Begoña Gómez y la Complutense, justificando la comisión de investigación a la esposa del presidente del Gobierno en la Asamblea con que “la universidad pública es excelencia”.

Mientras tanto, los rectores denuncian el “opresivo clima de indiferencia y desprecio que rodea la educación superior” y advierten de que, si no se produce una financiación estable pronto, las universidades públicas entrarán en una fase progresiva de grave deterioro.

Además de los gastos de nómina, los campus también necesitan cubrir los gastos mínimos de funcionamiento. En 2012 recibieron 1.047 millones de euros en transferencias corrientes, mientras que una década después apenas recibieron 1.065 millones.

La partida para invertir en infraestructuras es ridícula desde hace 15 años, según los rectores, y apenas queda dinero para organizar congresos, pagar viajes o becas estudiantiles para situaciones de pobreza sobrevenida.

El envejecimiento del profesorado universitario también agrava la situación económica, ya que cada año aumenta el número de profesores que cobran complementos de antigüedad en docencia y de producción científica o de transferencia de conocimiento.

El Gobierno regional se desentiende

El Gobierno de Madrid no quiere hacer frente a estos gastos y culpa al Gobierno central del aumento de la partida de nóminas. Incluso acusa a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de la infrafinanciación de los campus madrileños.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, recordó en julio que las transferencias a las universidades madrileñas representan el 0,4% del PIB de la comunidad, por debajo de la media del 0,55%.

El director general de Universidades, Nicolás Casas, aseguró en septiembre que la Comunidad de Madrid “hace un esfuerzo sin precedentes en financiación”, pero los rectores recuerdan que las transferencias regionales a sus instituciones bajaron un 30% entre 2008 y 2012, por lo que la subida del 30% posterior solo ha vuelto a la casilla de salida.

Según sus estimaciones, reciben entre un 15% y un 20% menos de financiación que antes de la crisis en términos reales por la subida del coste de la vida. Esta brecha se está cerrando en otras comunidades autónomas, como Andalucía o Murcia, gobernadas por el PP, o en Castilla-La Mancha (PSOE).

El análisis de datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, encabezada por el Banco Santander, concluye que Madrid es la autonomía que peor financia y en la que las familias pagan más de matrícula.

Los presupuestos de 2024 no se aprobaron hasta el 31 de octubre de 2023 y, según los rectores, el modelo plurianual de contratos que les permitiría hacer planes a medio plazo se va a retrasar.

El año 2023 las universidades lo cerraron al borde de los números rojos o en ellos, y una deuda acumulada resta presupuesto del siguiente año.

La Consejería de Hacienda, interlocutora de las universidades

La Consejería de Hacienda, dirigida por Rocío Albert, profesora en excedencia de la UCM y lobista de los campus privados, es la interlocutora de las universidades.

Albert, que da clase en varias privadas, asumió competencias universitarias cuando Ciudadanos salió del Gobierno regional.

Madrid ha dejado de hacer un estudio del gasto de sus universidades previo a cerrar los presupuestos, a pesar de estar obligado por ley.

El partido Más Madrid ha pedido una reunión urgente para conocer el estado de las universidades, pero el PP y Vox se han negado.