La eterna espera: Vecinos de Devoto alzan su voz ante la incesante demora en el traslado de la cárcel
En el corazón del barrio de Devoto, una persistente problemática sigue generando inquietud entre sus habitantes: la permanencia de la cárcel. Promesas incumplidas, protestas carcelarias y la creciente sensación de desvalorización en sus propiedades son solo algunos de los factores que alimentan el descontento vecinal. Según Celeste Siarrusta, periodista de Clarín, esta situación se ha convertido en un reclamo histórico, que se reaviva con cada nuevo incidente dentro del penal.
La cárcel de Devoto, inaugurada en 1927, originalmente como prisión para contraventores, hoy se erige como el único establecimiento penitenciario de máxima seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Esta particularidad, lejos de brindar seguridad a la comunidad, genera una serie de inconvenientes que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.
Un reclamo vecinal que se remonta a décadas
La lucha por el traslado de la cárcel no es reciente. En 2002, Manuel, un vecino de 80 años cariñosamente conocido como “Manolito”, fundó la Asociación Devoto sin Cárcel, reflejando el hartazgo y la necesidad de encontrar una solución definitiva. Sin embargo, las promesas de reubicación han quedado en el limbo, generando frustración y desconfianza entre los habitantes del barrio.
En 2018, el entonces Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció un proyecto para trasladar el penal a Marcos Paz. No obstante, la iniciativa se diluyó, dejando a los vecinos con la amarga sensación de haber sido engañados. «Quienes ansían el traslado, perdieron la fe en lo que consideran meras promesas de campaña», señala Siarrusta (2024) en su artículo para Clarín.
El impacto en la vida cotidiana: Ruidos, desvalorización y temor
Más allá de las promesas incumplidas, la presencia de la cárcel genera una serie de problemas concretos que afectan directamente la vida cotidiana de los vecinos. Ruidos molestos, producto de protestas y disturbios, la desvalorización de las propiedades y la percepción de inseguridad son algunos de los principales motivos de queja.
«El malestar proviene de una serie de circunstancias: la desvalorización de las propiedades circundantes, la falta de activación urbana, cierta incomodidad producida por las visitas, que según los vecinos dejan basura, hablan a los gritos, y los guardiacárceles, que en ocasiones disparan balas de goma al aire para frenar el desorden, y algunos temen que hieran accidentalmente a sus mascotas», describe Siarrusta (2024).
Si bien algunos vecinos reconocen que los disturbios no son frecuentes y que la presencia del penal podría disuadir la delincuencia en la zona, la mayoría coincide en que la situación es insostenible y que es necesario encontrar una solución que beneficie a la comunidad.
Un futuro incierto: Entre proyectos inmobiliarios y sitios de memoria
Ante la eventualidad del traslado, surge la pregunta sobre qué destino tendrá el predio que actualmente ocupa la cárcel. Diversas propuestas han sido planteadas, desde la construcción de un complejo inmobiliario hasta la creación de un centro histórico-cultural que preserve la memoria del lugar, que funcionó como centro de torturas durante la última dictadura cívico-militar.
Según el convenio firmado por la Ciudad en 2018, una vez que se concrete el traslado, se deberá conservar la parte del edificio que cuenta con protección patrimonial. El resto del terreno se destinará en un 65% a espacios públicos y un 35% a viviendas.
La voz de los vecinos: Entre la resignación y la esperanza
Néstor, un jubilado de 80 años, no oculta su frustración ante la situación. «Una cárcel en el medio de la Ciudad no puede ser posible», afirma con indignación. Considera que la atención debería centrarse en las difíciles condiciones en que viven los jubilados, en lugar de los derechos estudiantiles de los detenidos.
María, otra vecina del barrio, expresa su temor a que el predio termine abandonado como la cárcel de Caseros. Por su parte, Olga, de 90 años, se opone rotundamente a la construcción de torres, argumentando que la Ciudad no está preparada para soportar la demanda de servicios básicos como electricidad y gas.
La incertidumbre y la falta de respuestas concretas alimentan la desconfianza y la sensación de abandono entre los vecinos de Devoto. La esperanza de un futuro mejor, donde la cárcel sea solo un recuerdo, sigue latente, pero requiere de acciones concretas y un compromiso real por parte de las autoridades.
Mientras tanto, la vida continúa en el barrio, entre las protestas esporádicas, las visitas al penal y la persistente lucha por un entorno más seguro y agradable. La comunidad de Devoto sigue esperando una solución que ponga fin a esta larga y penosa espera.