Edomex busca penalizar la violencia vicaria: Un frente común en el Congreso Local
La violencia vicaria, que se manifiesta cuando se utiliza a los hijos o seres queridos para infligir daño a la madre, ha sido reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde abril de 2022. Sin embargo, aún no se ha incorporado al Código Penal, lo que dificulta la persecución y sanción de estos actos. Partidos como el PAN, PRD y ahora el PVEM están uniendo fuerzas para impulsar esta modificación legislativa.
Propuestas concretas para sancionar la violencia vicaria
El planteamiento inicial propone de cuatro a ocho años de prisión, la pérdida de derechos sobre la víctima y sus hijos, y la persecución de oficio del delito. Además, se contempla sancionar a los servidores públicos que, por negligencia o de manera maliciosa, entorpezcan la procuración o administración de justicia en estos casos, con penas de tres a ocho años de prisión, multas y la destitución e inhabilitación de sus cargos.
El Partido Verde se suma a la iniciativa
El PVEM ha presentado una iniciativa para modificar el Código Civil del Estado de México, permitiendo que las víctimas de violencia vicaria puedan interponer demandas ante los jueces de primera instancia. Además, proponen incluir la violencia vicaria como un tipo de violencia familiar en el Código Penal, con penas de tres a siete años de prisión, multas y tratamiento psicoterapéutico para los agresores.
Según el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, es crucial que esta conducta sea reconocida y sancionada debido a las graves afectaciones que causa a las mujeres y sus hijos. La tipificación de la violencia vicaria como delito permitiría una mejor protección de las víctimas y una respuesta más efectiva por parte del sistema de justicia.
La urgencia de visibilizar y sancionar la violencia vicaria
Aunque la violencia vicaria ha sido reconocida recientemente, su prevalencia y gravedad la han convertido en un problema social y de salud pública. A pesar de que no siempre se considera una prioridad, sus efectos devastadores en las mujeres y sus hijos demandan una atención urgente y medidas concretas para su prevención y sanción.
Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado el impacto de la violencia de género a nivel global. En España, por ejemplo, desde 2003 hasta abril de 2024, más de mil mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, dejando a cientos de niños huérfanos. Además, decenas de menores han sido asesinados como consecuencia directa de la violencia de género, con el padre biológico como perpetrador.
La situación en México y la falta de datos precisos
En México, la falta de reconocimiento formal de la violencia vicaria ha dificultado la recopilación de datos precisos sobre su incidencia. Sin embargo, movimientos de apoyo a las mujeres señalan que se han interpuesto cientos de denuncias por este tipo de delitos, pero pocas han llegado a una sentencia. La impunidad en estos casos es alarmante, con un porcentaje mínimo de carpetas de investigación que llegan a los juzgados.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ha realizado encuestas que revelan que la mayoría de las víctimas se enfrentan a procesos legales iniciados por sus agresores, y que estos obstaculizan los recursos legales de las víctimas utilizando cargos públicos, tráfico de influencias y poder económico.
¿Qué sigue en el Congreso del Edomex?
La comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local tiene ahora la tarea de analizar y dictaminar las tres iniciativas presentadas por el PAN, PRD y PVEM. Se espera que se realice un análisis exhaustivo de las propuestas, así como la opinión de expertos y organizaciones de la sociedad civil, para lograr una legislación integral que proteja a las víctimas de violencia vicaria y sancione a los agresores.
La aprobación de estas reformas representaría un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en el Estado de México, al reconocer y sancionar una forma de violencia que causa un daño profundo y duradero a las mujeres y sus familias. La sociedad civil y los partidos políticos están mostrando un compromiso firme para erradicar esta práctica y garantizar la protección de los derechos de las víctimas.