El partido de extrema derecha Vox ha sido acusado de incumplir la ley de financiación de partidos políticos al ocultar la identidad del banco que le prestó más de nueve millones de euros para financiar sus campañas electorales el año pasado.

La ley exige que los partidos políticos publiquen en su página web, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de envío al Tribunal de Cuentas, el balance, la cuenta de resultados y en particular: la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización.

Sin embargo, Vox se ha negado a revelar esta información, alegando que no quiere contribuir a la «demonización» de los bancos que le han prestado dinero.

El incumplimiento de esta obligación es una infracción grave, y podría acarrear sanciones para el partido. Fuentes del entorno de Vox apuntan a que una entidad financiera húngara, próxima al primer ministro Víktor Orbán, fue la que concedió los créditos, pero la opacidad del partido impide comprobarlo.

Vox ha recurrido en varias ocasiones a préstamos bancarios para financiar sus campañas electorales. En 2019, el partido recibió un préstamo de 2,5 millones de euros de un banco español, y en 2021, otro préstamo de 6,5 millones de euros de un banco húngaro.

La opacidad de Vox en relación con sus fuentes de financiación ha generado preocupación entre algunos sectores de la sociedad española. Algunos expertos han advertido de que los partidos políticos que reciben financiación de fuentes extranjeras pueden estar sujetos a influencias externas, y han pedido una mayor transparencia en la financiación de los partidos.