Vox rompe sus pactos autonómicos con el PP por la acogida de los MENAS
Vox ha roto sus pactos autonómicos con el PP tras la decisión de los populares de acoger en los territorios donde gobernaba con la formación liderada por Santiago Abascal a los menores no acompañados, conocidos como MENAS. Los miembros de Vox consideran que este movimiento es un respaldo a la inmigración ilegal y, por consiguiente, un incentivo para la entrada en España de flujos migratorios irregulares.
La inmigración, un tema de debate
El asunto de los MENAS es solo la punta del iceberg de un problema de mayor calado: la definición de cuál es la política de inmigración deseable. La libertad de desplazarse no implica el derecho a ir donde uno quiera e instalarse allí. Los derechos de cada persona tienen como límite los de los demás. A priori, el Gobierno que gestiona una organización estatal en una democracia tiene un uso temporal del país.
No es dueño de él, pero ostenta la potestad durante su mandato de ejercer el derecho de exclusión, es decir, de establecer las normas que regulan la entrada de individuos de otros Estados en su territorio. Obviamente, quien viola esas normas es un okupa y, por consiguiente, debe ser expulsado.
La izquierda y las autodenominadas fuerzas progresistas esgrimen la bandera legitimadora de los sentimientos humanitarios para avalar sus posiciones en este campo, mientras que, para otros sectores de la opinión, no necesariamente ultraderechistas y xenófobos, las posturas laxas respecto a la inmigración son contrarias a su concepción de una comunidad nacional deseable y tienen sustanciales externalidades negativas.
¿Es posible una perspectiva neutral y racional?
En este contexto, se plantea una pregunta elemental: ¿Es posible afrontar la cuestión migratoria desde una perspectiva neutral y racional? La respuesta es positiva.
El sistema de inmigración existente en España, al igual que en otros Estados desarrollados, incentiva los flujos migratorios de los buscadores de rentas, lo que contribuye y contribuirá a generar una creciente hostilidad hacia aquellos en amplios segmentos de las sociedades receptoras.
El acceso a un amplio catálogo de prestaciones y servicios sociales genera un poderoso efecto llamada sobre la inmigración improductiva. Por añadidura, un marco institucional de esa naturaleza acentúa sus consecuencias perversas cuando, incluso los ilegales, reciben significativos beneficios en metálico o en especie, muchos de ellos por un espacio temporal indefinido.
Por eso, la deseable y necesaria atracción de flujos migratorios cuya finalidad es contribuir a crear riqueza y mejorar sus condiciones de vida a través del esfuerzo y del trabajo exige una revisión radical y restrictiva de su capacidad de acceder a los programas del Estado del Bienestar.
Si no se hace esto, se estimula la permanencia o la instalación de los beneficiarios de las ayudas sociales en los escalones más bajos de renta, fomentando una cultura de dependencia subvencionada y la creación de guetos que hacen imposible por innecesaria la integración de los inmigrantes en la sociedad anfitriona.
El problema de la integración
El problema se agrava cuando la política hacia la inmigración no contempla a los extranjeros en términos individuales sino colectivos, es decir, por su pertenencia a un estatus legal diferenciado que refuerza el control del grupo sobre sus miembros, creando comunidades herméticas que hacen inviable o muy difícil su integración.
Ello estimula al inmigrante a integrarse en redes étnicas y religiosas cerradas y a reducir o eliminar su necesidad de integrarse. Como señaló Sartori, se añade a la tendencia a la fragmentación tribal de muchas de las sociedades abiertas, impulsada por las religiones postmodernas, un nuevo y peligroso elemento: el multiculturalismo.
La evidencia empírica muestra que el multiculturalismo reduce la disposición de los inmigrantes a aprender la lengua del país receptor e incrementa la segregación espacial. Esta situación es la raíz de gran parte de la reacción adversa ante la inmigración legal e ilegal por muchos ciudadanos en las democracias liberales.
Este escenario se agrava en los descendientes de los inmigrados que, en un contexto multicultural, son mucho más reacios que sus ancestros a adoptar las reglas del país anfitrión porque ya gozan o tienen expectativas de gozar de un estatus legal que asegura y consagra su singularidad.
España necesita una nueva política de inmigración
España necesita una política de inmigración nueva y diferente de la actual; esto es, fría y racional, bienes cada vez más escasos en la Vieja Piel de Toro.