La intervención de la ESE Cartagena de Indias continúa
La Superintendencia de Salud emitió la resolución ejecutiva 151, extendiendo el control sobre la red pública de salud de Cartagena hasta 2024, una intervención que se mantiene desde 2021 debido a riesgos financieros y problemas de atención al público que afectaban la calidad del servicio.
Críticas a la prórroga
Esta prórroga ha suscitado críticas debido a presuntas inconsistencias en la intervención y errores en la redacción de la resolución. Según el Distrito de Cartagena, la medida parece haberse basado en un documento destinado a otra ESE, específicamente la del departamento de Amazonas, también intervenida bajo la resolución 130.
Estas inconsistencias ponen en duda la rigurosidad del análisis y estudio requeridos para justificar este tipo de medidas. Según la normativa, las intervenciones de la Superintendencia tienen un término perentorio, prorrogable hasta un máximo de dos años, a menos que el Gobierno nacional autorice una extensión mayor por resolución ejecutiva, considerando las características específicas de la entidad.
Mejoras significativas en la ESE Cartagena
En el caso de la ESE Cartagena, el agente interventor, Jorge Eduardo Suárez Gómez, en su informe de rendición de cuentas, ha expuesto mejoras significativas en las condiciones financieras de la red cartagenera.
El informe de gestión 2023, comparando las vigencias de 2022 y 2023, muestra un notable incremento en la facturación. Estas mejoras han sido resaltadas por el Concejo de Cartagena.
Concejo de Cartagena: Cuestionamientos a la prórroga
La concejal Mónica Villalobos manifestó su preocupación sobre la motivación del Ministerio de Salud para extender dicha intervención. "Hoy los motivos que dieron lugar a esta extensa intervención no existen, el mismo agente interventor lo está demostrando al manifestar la notable mejoría que ha sufrido la entidad durante su administración", indicó Villalobos.
La cabildante insiste en que los actos administrativos de intervención deben fundamentarse en dos razones: si la entidad debe entrar en liquidación o si es posible mejorar sus condiciones para desarrollar adecuadamente su objeto social.
"No sabemos por qué persiste la prórroga. Esto carece de legalidad, si claramente no hay riesgo financiero, se formalizó el nivel contractual en un alto porcentaje, los equipamientos biomédicos de los UPA fueron comprados, la infraestructura mejoró, los PQRS disminuyeron de aproximadamente 600 a 200", agregó Villalobos.
La concejal le recordó al superintendente de salud, Luis Carlos Leal, que si se demanda la nulidad de la intervención ante el Consejo de Estado y se comprueba que todo está en orden, se debe declarar la nulidad de las resoluciones ejecutivas.
Llamado a revisión minuciosa
A la discusión se sumó el concejal Edgar Mendoza quien hizo un llamado a la Personería Distrital para que revise minuciosamente el acto administrativo que mantiene a Cartagena sin control directo sobre su red pública de salud. "Esta revisión es crucial para asegurar que las medidas tomadas sean justas y basadas en la realidad actual de la ESE Cartagena", expresó Mendoza.
Hoy, la comunidad y funcionarios de salud de Cartagena permanecen a la expectativa de los próximos pasos y decisiones que se tomen para garantizar la adecuada prestación de servicios de salud en la ciudad. "La transparencia y la correcta aplicación de las normativas vigentes son esenciales para asegurar la confianza en las instituciones y la mejora continua del sistema de salud pública", concluye Mendoza.
