Chiquita Brands International, declarada responsable de financiar a paramilitares en Colombia, apelará la decisión
El gigante bananero Chiquita Brands International, declarado responsable de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por un jurado en Estados Unidos, anunció este martes que apelará la decisión.
Indemnización millonaria por crímenes de las AUC
En su veredicto del lunes, un jurado convocado por un tribunal federal de Florida ordenó a Chiquita indemnizar con 38,3 millones de dólares a las familias de ocho personas asesinadas por las AUC, responsables de otros cientos de muertes en Colombia.
"Nuestros clientes arriesgaron sus vidas al presentarse para pedir cuentas a Chiquita, depositando su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos", declaró Agnieszka Fryszman, una de las abogadas de los demandantes.
La compañía bananera ya había confesado en 2007 ante tribunales estadounidenses haber financiado entre 1997 y 2004 a las AUC, organización considerada entonces como terrorista por Washington.
Tal respaldo fue "prolongado, regular y sustancial", según el Departamento de Justicia, por lo que la compañía recibió una multa de 25 millones de dólares.
Chiquita alega extorsión
La empresa alegó, sin embargo, que fue víctima de una extorsión cuando pagó el dinero al grupo paramilitar y que lo hizo para proteger a su personal y sus instalaciones en la región del Urabá, en el noroeste de Colombia.
Las AUC sembraron el terror en Colombia en la década de 1990 y principios de siglo en el marco de una encarnizada guerra contra las guerrillas de izquierda, ayudadas en ocasiones por miembros de las fuerzas armadas.
Los ocho demandantes del caso en Florida alegaron que Chiquita transfirió a las AUC casi 2 millones de dólares e incluso les ayudó a transportar armas y drogas, a pesar de saber que esa milicia estaba implicada en graves abusos de derechos humanos.
Veredicto contundente
El jurado aceptó el argumento de que el dinero entregado a los paramilitares se utilizó para cometer homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.
"El veredicto no traerá de vuelta a los maridos o hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad de la financiación del terrorismo donde debe estar: en Chiquita", añadió Fryszman.
Marco Simons, consejero general de la ONG EarthRights, que asistió a los demandantes, saludó el veredicto como "un poderoso mensaje a las empresas de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune".
Otros procedimientos civiles contra Chiquita están en curso en Estados Unidos por los mismos motivos. En ellos participan cientos de demandantes.