La administración de conjuntos residenciales enfrenta dificultades y controversias

Los conjuntos residenciales y edificios de propiedad horizontal en Colombia enfrentan dificultades y controversias en la gestión de la propiedad común. Una de las principales problemáticas es la designación del presidente del consejo como administrador suplente, lo cual genera conflictos de intereses y vulnera el principio de transparencia y control.

La importancia de la separación de funciones

La función del presidente del consejo es representar a los propietarios en la toma de decisiones y supervisar la gestión del administrador. Por su parte, el administrador es el encargado de ejecutar las decisiones del consejo y administrar los bienes y servicios comunes. La combinación de estas funciones en una sola persona crea un desequilibrio de poder y dificulta la rendición de cuentas.

El cambio de fecha de las asambleas y la designación del administrador

Otra dificultad común es el cambio de la fecha de las asambleas para favorecer la elección de un administrador específico. Esta práctica es ilegal y vulnera los derechos de los propietarios, quienes deben tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones sobre la administración de su propiedad.

La diferenciación de derechos entre propietarios y arrendatarios

En algunos conjuntos residenciales, se ha implementado un sistema de ingreso diferenciado para propietarios y arrendatarios. Esto implica que los propietarios tienen acceso a sistemas biométricos y de reconocimiento facial, mientras que los arrendatarios deben utilizar un chip o tarjeta. Esta diferenciación es injustificada y viola el principio de igualdad de trato entre todos los residentes.

Recomendaciones para mejorar la administración de conjuntos residenciales

Para mejorar la administración de conjuntos residenciales, se recomienda:

  1. Separar claramente las funciones del presidente del consejo y del administrador.
  2. Convocar las asambleas en tiempo y forma, respetando los derechos de los propietarios.
  3. Tratar a todos los residentes por igual, independientemente de su condición de propietario o arrendatario.
  4. Contar con una política de tratamiento de datos personales que garantice la protección de la información de los residentes.
  5. Promover la participación de los propietarios en la toma de decisiones sobre la administración del conjunto residencial.

Siguiendo estas recomendaciones, los conjuntos residenciales y edificios de propiedad horizontal pueden mejorar su gestión y evitar conflictos innecesarios.