El Ministerio de Trabajo pide a los sindicatos suspender la huelga y permitir que todos los trabajadores tengan derecho a trabajar

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró este viernes que respeta el derecho a la huelga, pero invitó a los 14 sindicatos que iniciaron el paro a suspender dicha acción para permitir que todos los trabajadores del ministerio puedan tener derecho a trabajar.

Incumplimiento de acuerdos

Los sindicatos del Ministerio de Trabajo fueron a la huelga porque no se cumplieron varios acuerdos determinados en el acuerdo colectivo del 2023. Entre otros, se les había prometido que se les daría una bonificación salarial del 50% a todos los trabajadores, que finalmente no se pagó.

Bonificación salarial

Ante ello, el Ministerio del Trabajo dijo que ha radicado ante las demás autoridades del Gobierno y que tienen la competencia en el aval presupuestal, los estudios técnicos y posición jurídica favorable para su viabilidad. La cartera calcula que esta bonificación tendría un costo de 5.500 millones de pesos en este 2024.

Nivelación salarial

Igualmente, Gerson Cifuentes, presidente del Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito (Sintramérito), uno de los que votaron por el paro, le contó a este medio que piden una nivelación salarial con las otras del orden nacional pues hay un rezago histórico. "Encontramos una diferencia abismal", aseguró.

Mesa de diálogo

La Ministra invitó a las organizaciones sindicales a continuar con todos los esfuerzos que sean necesarios para avanzar con la mesa de diálogo social permanente. "Esta mesa está abierta y están invitadas todas las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo y seguiremos haciendo todas las gestiones administrativas que sean necesarias, para lograr que esto se cumpla y aún tenemos casi un año para el avance de los acuerdos suscritos para la vigencia 2023-2025, los cuales estamos agilizando", aseguró Ramírez.

Protección de derechos

Igualmente, explicó que se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) a través de la gestión de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, y Secretaría de Seguridad, para garantizar la realización de acciones conjuntas y rutas de protección de los derechos a la reunión, manifestación pública y la protesta social, pacífica y los derechos de los y las ciudadanas.