Destitución e inhabilitación por abuso sexual a dragoneante en Risaralda
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Risaralda por sostener relaciones sexuales con una mujer privada de la libertad.
Abuso de autoridad
El dragoneante, identificado como Jorge Alexander Muñoz Baquero, habría abusado en diferentes ocasiones de una mujer que se encontraba en "estado de indefensión". Según la Procuraduría, Muñoz Baquero "hizo prevalecer su deseo sobre la responsabilidad que le asistía como servidor público".
Antecedentes de la víctima
La mujer contaba con un historial clínico y mental que era de conocimiento del funcionario. La investigación encontró que el dragoneante "se aprovechó de la frustración y aparente depresión de la mujer para engañarla" y accedió a ella con la excusa de que la iba a cambiar de lugar de reclusión si tenían relaciones.
Violación de normas
Además de abusar de la mujer, Muñoz Baquero cometió los actos sexuales mientras se encontraba en horario laboral, violando así las directrices del personal de custodia y vigilancia.
Sanción ejemplar
La Procuraduría calificó los actos de Muñoz Baquero como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo y lo sancionó con destitución e inhabilitación por 20 años. Esta sanción le impide volver a trabajar en la Reclusión de Mujeres la Badea, del municipio de Dosquebradas, Risaralda, o en cualquier otro centro penitenciario.
Protección de los derechos de las personas privadas de la libertad
Este caso pone de relieve la importancia de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar y la integridad de las personas bajo su custodia, y cualquier abuso de autoridad debe ser sancionado con severidad.
