Denuncia por presunta operación de inteligencia "Orión" en Colombia
El senador David Luna, del partido Cambio Radical, denunció ante las autoridades colombianas la supuesta existencia de una operación de inteligencia denominada "Orión", cuyo objetivo sería "aplastar a todo el que piense distinto" del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según Luna, la operación estaría dirigida por el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, y contaría con la participación de otras entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Solicitud de información
El senador Luna envió cartas a los directores de estas entidades solicitando información sobre su posible participación en la supuesta operación "Orión". Además, solicitó a la Mesa Directiva del Senado que adelante un debate de control político con el director González para que explique si ha intervenido las comunicaciones de miembros de la oposición, periodistas y militares en uso de buen retiro.
Antecedentes
El nombre "Orión" hace referencia a una operación militar que se llevó a cabo en la Comuna 13 de Medellín en 2002, y que fue señalada por la Comisión de la Verdad por sus graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo capturas arbitrarias, detenciones selectivas y desapariciones.
Reacciones
Las denuncias del senador Luna han generado reacciones encontradas. El gobierno de Petro ha negado la existencia de la operación "Orión" y ha calificado las acusaciones como parte de una campaña de desprestigio.
Por su parte, la oposición ha expresado su preocupación y ha pedido al gobierno que aclare las denuncias. El senador Luna ha insistido en que tiene pruebas de la existencia de la operación y ha prometido entregarlas a las autoridades.
Implicaciones
Si las denuncias del senador Luna se confirman, podrían tener graves implicaciones para la democracia en Colombia. La existencia de una operación de inteligencia que busque silenciar a los opositores sería una violación flagrante de los derechos humanos y una amenaza a las libertades fundamentales.