Criminales arman negociazo con servicios públicos; cobran (a diario) a quien los use

En Medellín, delincuentes estarían cobrando dinero a familias por tener servicios públicos como agua, luz y gas en sus viviendas de invasión.

Crece el negocio ilegal de servicios públicos en Medellín

Cada vez son más las organizaciones criminales que incursionan en el suministro de servicios públicos en Medellín. Agua, energía y gas forman parte de la oferta de estas organizaciones, tanto en zonas de invasión como en algunos sectores urbanos del Valle de Aburrá.

Según las autoridades, este fenómeno ha crecido desbordadamente en los últimos años, al punto de que actualmente más de 40.000 viviendas y negocios reciben servicios públicos de manera ilegal.

¿Cómo operan estas organizaciones?

Estas organizaciones criminales instalan redes ilegales de servicios públicos en zonas de invasión y cobran a los habitantes por el uso de estos servicios. Los cobros se realizan de manera similar a como lo hace EPM, la empresa prestadora de servicios públicos en Medellín, pero en este caso los pagos son ilícitos.

Según expertos, los cobros se hacen dependiendo de lo que puedan pagar los interesados, por horas, días o de manera permanente. En algunos casos, las organizaciones criminales también suministran cilindros de gas, negocio que también monopolizan.

Consecuencias del negocio ilegal de servicios públicos

El negocio ilegal de servicios públicos tiene graves consecuencias para la ciudad de Medellín. Por un lado, genera pérdidas millonarias para EPM, que estima sus pérdidas en más de $1.000 millones al año.

Por otro lado, este negocio ilegal pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Las instalaciones eléctricas y de gas realizadas por estas organizaciones criminales no cumplen con las normas de seguridad, lo que puede provocar accidentes.

¿Qué hacer ante este problema?

Las autoridades de Medellín están trabajando para combatir el negocio ilegal de servicios públicos. En los últimos meses, se han realizado varios operativos para identificar y desmantelar estas organizaciones criminales.

Sin embargo, es importante que la ciudadanía también denuncie cualquier red ilegal de servicios públicos que conozca. Se pueden realizar denuncias a través de la línea 123 o al teléfono 604 4444141.