Se detectan irregularidades en un contrato de atención a niños con discapacidad en Bucaramanga

En la ciudad de Bucaramanga, Colombia, se han revelado supuestas irregularidades en un contrato de 1.232 millones de pesos (aproximadamente 270.000 dólares) para la atención de 250 niños con discapacidad. El contrato fue adjudicado a la Fundación Pintando Huellas, una entidad sin experiencia previa en este tipo de atención.

Falta de experiencia de la fundación

Según Transparencia por Santander, la principal irregularidad radica en que el pliego de condiciones del contrato exigía experiencia en la atención a población vulnerable, pero la Fundación Pintando Huellas no cumplía específicamente con este requisito. La Alcaldía de Bucaramanga debió haber especificado que la población vulnerable en cuestión eran personas con discapacidad.

La Fundación Pintando Huellas alega que sí tiene experiencia en la atención a población vulnerable, principalmente adultos mayores, pero reconoce que no ha atendido específicamente a niños con discapacidad. Sin embargo, afirma contar con 32 profesionales que han trabajado con esta población en otras fundaciones.

Cumplimiento parcial de los requisitos

Para prestar un servicio idóneo, la Fundación Pintando Huellas necesitaba permisos de la Secretaría de Salud de Santander. Al inicio del contrato en abril, solo tenía habilitada el área de psicología. Un mes después, obtuvo las habilitaciones en fonoaudiología y fisioterapia, pero aún le faltan neuro y terapia ocupacional.

El coordinador administrativo de la fundación, Sebastián Aguilar, explica que el proceso de habilitación es gradual y que actualmente están caracterizando a la población a atender. Sin embargo, el contrato ya lleva dos meses en ejecución y aún hay niños que no están recibiendo atención.

Relaciones con el alcalde

También han surgido dudas sobre los acercamientos entre la Fundación Pintando Huellas y el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. En el 2016, la fundación participó en un evento organizado por el entonces representante legal de la entidad, Enrique Pabón, quien comparte la misma iglesia con el mandatario.

Aguilar asegura que este evento fue para recaudar juguetes y que no hubo ningún contrato de por medio. Además, desvincula a la fundación de cualquier relación con el alcalde o su religión.

Las autoridades competentes están investigando estas irregularidades para determinar si hubo o no un incumplimiento de las condiciones del contrato y si se incurrió en algún tipo de delito.