El Consejo Nacional Electoral (CNE) imputó por primera vez en la historia de Colombia una campaña presidencial por presuntas irregularidades en la financiación. La imputación se realizó contra la campaña de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, en el marco de las elecciones presidenciales de 2022.

Detrás de cámaras de la imputación

El proceso de imputación inició con una denuncia presentada por el Centro Democrático, partido político opositor al gobierno de Petro. La denuncia alegaba que la campaña de Petro había recibido dineros de fuentes ilícitas, entre ellas, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El CNE abrió una investigación y, tras analizar las pruebas presentadas, decidió imputar a la campaña de Petro por los siguientes cargos:

  • Financiación ilegal de la campaña: El CNE encontró evidencia de que la campaña de Petro recibió dineros de fuentes no autorizadas, como el ELN.
  • Omisión de reportes de financiación: La campaña de Petro no reportó todos los dineros recibidos durante la campaña, lo cual es una violación a la ley electoral.
  • Falsos aportantes: El CNE encontró que algunos de los aportantes reportados por la campaña de Petro no existían o no habían aportado los montos declarados.

      • La imputación del CNE es un hecho histórico que pone en entredicho la transparencia de las elecciones presidenciales de 2022. El proceso judicial apenas comienza y aún falta determinar si la campaña de Petro es responsable de los cargos imputados.

      Reacciones a la imputación

      La imputación del CNE ha generado diversas reacciones. La campaña de Petro ha negado los cargos y ha acusado al CNE de persecución política. Por su parte, el Centro Democrático ha celebrado la imputación y ha exigido que se investigue a fondo el caso.

      El proceso judicial promete ser largo y complejo. El CNE deberá analizar todas las pruebas presentadas y determinar si la campaña de Petro es culpable de los cargos imputados. El resultado del proceso podría tener importantes consecuencias para la estabilidad política de Colombia.