Jueza de Valledupar inhabilitada por liberar a presuntos homicidas

Jueza inhabilitada por 10 años en Valledupar por liberar a presuntos homicidas

La jueza cuarta Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, Mónica Lisbeth Palacio Grozo, fue destituida e inhabilitada por un periodo de 10 años por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar.

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Falta gravísima

La sanción se relaciona con la decisión de Palacio de otorgar la medida de aseguramiento en sus lugares de residencia a dos ciudadanos venezolanos acusados de tentativa de homicidio contra el reconocido abogado José Joaquín Cariaciolo Carrillo.

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A pesar de los elementos materiales probatorios presentados, la jueza concedió el beneficio a los procesados, quienes posteriormente se dieron a la fuga.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial consideró que la magistrada incurrió en una falta gravísima al inobservar el deber de impartir justicia con rectitud y celeridad, y de garantizar los derechos de las víctimas.

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Prevaricato

El abogado afectado argumentó que el actuar de Palacio constituye prevaricato, delito que consiste en dictar una resolución contraria a la ley o la jurisprudencia, con el fin de favorecer a una de las partes.

La investigación disciplinaria determinó que la jueza no tuvo en cuenta las pruebas presentadas por la Fiscalía y que su decisión se basó en suposiciones y apreciaciones personales.

Medidas de aseguramiento

Las medidas de aseguramiento son mecanismos procesales que buscan garantizar la comparecencia del imputado al proceso, evitar que obstruya la investigación o que se dé a la fuga.

En este caso, la jueza consideró que los procesados no representaban un peligro para la sociedad y que podían cumplir la medida de aseguramiento en sus domicilios.

Sin embargo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial consideró que esta decisión fue arbitraria y que puso en riesgo la seguridad de la comunidad.

Consecuencias

La destitución e inhabilitación de la jueza es una medida ejemplarizante que busca evitar que se repitan este tipo de situaciones en el sistema judicial.

También es un recordatorio de la importancia de que los jueces actúen con imparcialidad, objetividad y apego a la ley.