La Fiscalía se compromete a proteger a Sneyder Pinilla, denunciante del escándalo de corrupción de los carrotanques
La fiscal general Luz Adriana Camargo se ha comprometido públicamente a garantizar la seguridad de Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y denunciante del escándalo de corrupción de los carrotanques, en el que se acusa a los presidentes de la Cámara y el Senado, así como a la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, de malversación de fondos.
Pinilla reveló en medios de comunicación que un contrato para la compra de carrotanques de abastecimiento de agua para La Guajira, que tuvo sobrecostes por más de 20.000 millones de pesos, se utilizó para enriquecer ilegalmente a altos funcionarios públicos, entre ellos el presidente del Senado, Iván Name (3.000 millones de pesos), y el presidente de la Cámara, Andrés Calle (1.000 millones de pesos).
Según Pinilla, estas entregas se realizaron entre septiembre y octubre del año pasado, tras varias reuniones que mantuvo con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. El objetivo de estas reuniones era supuestamente obtener apoyo para gestionar iniciativas del gobierno en el Congreso.
La Fiscalía investiga el caso
Camargo ha puesto a disposición el ente investigador para que todas las personas, funcionarios o exfuncionarios públicos, puedan aportar pruebas e información que ayuden a fortalecer la investigación. El caso está en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que, según la Fiscalía, continuará con las pesquisas "con o sin las anunciadas ofertas públicas de colaboración judicial" por parte de Olmedo y Pinilla.
Gobierno crea Mesa Técnica para investigar escándalo
Ante la complejidad del asunto, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha creado una Mesa Técnica para investigar a fondo lo sucedido. Esta mesa estará integrada por la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y "un grupo de auditores externos especializados en la materia", con el objetivo de "articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos".
El gobierno ha reiterado su "cero tolerancia" a la corrupción y ha pedido a todas las personas involucradas que colaboren con las investigaciones.