Jurados Especiales por la Paz imputan cargos a ex militares por falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales, exmiembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, por su presunta participación en 442 'falsos positivos' cometidos en Antioquia entre 2004 y 2007.

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Responsabilidades de los generales retirados

Los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, quienes comandaron la IV Brigada durante el periodo mencionado, fueron imputados por crímenes de lesa humanidad. Adicionalmente, también se imputó a Juan Carlos Piza Gaviria, entonces jefe de operaciones.

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La JEP encontró que estos exmilitares lideraron la política de facto de "conteo de cuerpos", pese a los riesgos que esta representaba para la población civil. Esta política desencadenó un patrón macrocriminal que resultó en el asesinato y desaparición forzada de cientos de personas, quienes fueron presentadas por los militares como bajas en combate.

Participación de oficiales y suboficiales

Junto a los generales retirados, también fueron imputados 25 oficiales y 10 suboficiales por su participación en los homicidios. Estos comparecientes pertenecían a diferentes unidades militares, entre ellas el Batallón de Infantería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez', el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 'General Pedro Nel Ospina' y el Batallón de Infantería No. 32 'General Pedro Justo Berrio'.

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Además, se imputaron cargos a dos civiles que formaban parte de una red criminal dedicada al reclutamiento de víctimas y su entrega a los militares a cambio de dinero.

Tortura y desaparición forzada

Por primera vez en una imputación por falsos positivos, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP confirmó la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. Estos hechos ocurrieron en 22 casos, principalmente contra campesinos del oriente antioqueño, quienes fueron acusados arbitrariamente de ser guerrilleros.

También se estableció que 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada durante el periodo investigado.

Las imputaciones hechas por la JEP constituyen un paso importante en el proceso de esclarecimiento de la verdad y búsqueda de justicia por los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.