Un juez de Manizales dejó en libertad a Daniel, un hombre de 31 años, que intentó ahorcar a su propia pareja, una mujer de 34 años. El sujeto se comprometió a portarse bien y no volverlo a hacer.
El hecho ocurrió en una casa del barrio La Sultana, en Manizales. La mujer se encontraba tranquilamente peinándose y escuchando música en su habitación cuando Daniel ingresó, la insultó y le deseó la muerte. Luego, la intentó ahorcar con las dos manos y la golpeó en rostro, nariz, boca y cuello.
Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos, quienes avisaron a las autoridades. Al llegar la Policía, la mujer mostró su deseo de denunciar, mientras que Daniel fue detenido por violencia intrafamiliar agravada.
En audiencia, Daniel no aceptó los cargos y la pena, que va de 6 a 12 años. La mujer, por su parte, declaró que Daniel la "humilla con la comida", la ha golpeado en varias ocasiones y hasta le ha arrancado el cabello.
Pese a la gravedad de los hechos, el juzgado ordenó la libertad de Daniel, con condiciones: observar buena conducta social y familiar, abstenerse de cualquier tipo de violencia contra la mujer, no concurrir a sitios o lugares donde se encuentre y no comunicarse con ella.
"Si incumple y la señora me informa alguna situación, se le dará una medida restrictiva de la libertad", le explicaron.
"Me voy a portar muy bien, muchas gracias", expresó Daniel.
La impunidad de la violencia intrafamiliar
Este caso es un claro ejemplo de la impunidad de la violencia intrafamiliar en Colombia. Según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2022 se registraron 16.438 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, de los cuales 10.139 fueron casos de violencia física.
La impunidad de estos delitos se debe a varios factores, entre ellos la falta de denuncia por parte de las víctimas, el miedo a represalias y la falta de apoyo institucional.
Es urgente que se tomen medidas para combatir la violencia intrafamiliar y garantizar la protección de las víctimas. Se necesita una mayor inversión en programas de prevención y atención, así como reformas legales que endurezcan las penas para los agresores.
