El Gobierno de Colombia en la mira por los bloqueos en la vía Panamericana

El presidente de Asocapitales y alcalde de Cali, Alejandro Eder, junto con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, y la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, han solicitado al Gobierno Nacional una intervención rápida y efectiva para solucionar los problemas que se presentan en la vía Panamericana, una importante arteria vial que conecta el suroccidente del país.

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Los bloqueos en esta carretera, utilizados como método de protesta por diferentes grupos poblacionales, han tenido un impacto devastador en la vida de millones de personas, afectando severamente la movilidad, la seguridad alimentaria, el empleo y el acceso a servicios públicos esenciales.

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Los datos

Según datos de Colfecar, en lo que va de 2024 se han registrado 29 bloqueos en la vía Panamericana, impactando directamente a la población del suroccidente del país. Estos bloqueos no solo obstaculizan la movilidad, sino que también ponen en riesgo la seguridad alimentaria, el empleo y el acceso a servicios públicos esenciales.

Los líderes locales, apoyados por importantes entidades del suroccidente del país, han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se tomen medidas efectivas y prontas. En una carta dirigida al gobierno, solicitan una intervención rápida y eficaz de la Fuerza Pública para prevenir una afectación irremediable de los derechos de las personas y comunidades afectadas por los bloqueos.

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Las repercusiones económicas y sociales

Los bloqueos en la vía Panamericana tienen profundas repercusiones económicas y sociales. Las interrupciones en el tráfico afectan el transporte de mercancías y productos agrícolas, impactando directamente a los agricultores y comerciantes de la región. Además, las restricciones en la movilidad dificultan el acceso a servicios médicos y educativos, comprometiendo la calidad de vida de los habitantes.

La situación en la vía Panamericana es crítica. Ciudades capitales, departamentos y municipios se ven afectados directamente, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de millones de personas. La interrupción del tráfico no solo dificulta la movilidad, sino que también afecta la distribución de alimentos y otros bienes esenciales, comprometiendo la seguridad alimentaria de la región.

Los expertos señalan que la situación es insostenible y que el Gobierno Nacional debe actuar con prontitud para garantizar los derechos de las personas afectadas y evitar que la situación empeore.