Los trapitos vuelven a atacar en Buenos Aires
Los violentos episodios en Flores y Ramos Mejía reavivan el debate sobre la presencia de cuidacoches en la vía pública. En la Ciudad de Buenos Aires, donde están prohibidos, el Gobierno pide a los vecinos que denuncien cuando les quieran cobrar por estacionar. En la Provincia de Buenos Aires, se ha presentado un proyecto de ley para prohibir directamente la actividad.
Golpizas y amenazas
El hermano del futbolista Sebastián Driussi fue atacado a la salida de un boliche en Ramos Mejía. El joven se negó a pagar 10.000 pesos a un trapito y recibió una golpiza que le provocó una fractura de mandíbula. En el barrio de Flores, un médico fue increpado por un cuidacoches que le exigió 5.000 pesos. Al negarse, el agresor lo golpeó con un listón de madera.
Un problema recurrente
Estos no son casos aislados. En lo que va de 2025, se han registrado numerosos episodios violentos protagonizados por trapitos. En enero, un cuidacoches golpeó a un policía municipal en Mar del Plata.
La situación preocupa a las autoridades y a los vecinos. En la Ciudad de Buenos Aires, desde 2018 existe una ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches informales. Sin embargo, la realidad es que el problema persiste.
Falta de legislación clara
En la Provincia de Buenos Aires, la situación es aún más compleja ya que no existe una legislación clara que regule la actividad de los trapitos. El mes pasado, el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en la Legislatura para eliminar a los cuidacoches.
"No hay que naturalizar que te pidan plata por estacionar el auto en la calle. La gente dejó de ser la que disfruta de la calle y es la que tiene miedo de estacionar el auto y de salir a la mañana", sostuvo el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
El proyecto de ley propone severas sanciones para los trapitos, incluyendo multas y arrestos. Sin embargo, aún no tiene fecha de tratamiento y la problemática sigue vigente.
Mientras tanto, los vecinos y las autoridades piden a los trapitos que cesen sus actividades y a los ciudadanos que denuncien cualquier situación de extorsión o violencia.
