Alberto González Amador solicita que la querella por presunta revelación de secretos se eleve al Tribunal Supremo
Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado que la querella por presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal que ha reconocido y por el que ha ofrecido un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel, sea elevada al Tribunal Supremo.
La defensa de González Amador cree que hay indicios que apuntan a la responsabilidad del fiscal general, Álvaro García Ortiz
La defensa de González Amador considera que existen indicios que señalan la responsabilidad del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la revelación de los secretos sobre el fraude fiscal cometido por su defendido. Por ello, han presentado una petición ante el juez que investiga la querella, el pasado viernes, coincidiendo con la solicitud realizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
El ICAM justifica su petición en los indicios de responsabilidad del fiscal general del Estado
El ICAM fundamenta su petición en los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado, tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El fiscal general asume la responsabilidad "última" de la nota de prensa y pide elevar la causa al Supremo
Hace unas semanas, el propio fiscal general presentó un escrito ante el TSJM en el que asumía la responsabilidad "última" de la nota de prensa que dio lugar a la querella. En este escrito, García Ortiz solicitaba que la causa fuera elevada al Supremo, al ser aforado.
El juez del TSJM investiga a la jefa de la Fiscalía de Madrid y al fiscal Julián Salto por supuesta revelación de secretos
El juez del TSJM, Francisco José Goyena, investiga en esta causa a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Julián Salto, por su presunta implicación en la revelación de los secretos sobre el fraude fiscal de González Amador. Ambos declararon el pasado jueves ante el magistrado, quien investiga si incurrieron en el mencionado delito.
García Ortiz ordenó difundir una nota para aclarar el estado del proceso abierto a González Amador
El 14 de marzo pasado, García Ortiz ordenó difundir una nota de prensa para aclarar el estado del proceso judicial abierto contra González Amador. La Fiscalía informó de las circunstancias del procedimiento para responder al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien horas antes había hecho público un correo electrónico enviado por el fiscal encargado del caso al abogado de González Amador, invitándole a tramitar el acuerdo de conformidad.
El jefe de gabinete de Díaz Ayuso informa de la retirada del acuerdo por "órdenes de arriba"
El jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, informó a los periodistas que el ofrecimiento de acuerdo había sido retirado por "órdenes de arriba", en referencia a los jefes de la Fiscalía. La información del Gobierno de Ayuso, que incluía la transcripción del correo electrónico del fiscal al abogado y las críticas a la Fiscalía por unas supuestas órdenes inexistentes, fue publicada por algunos medios de comunicación sin contrastar previamente con la institución criticada.
García Ortiz ordena a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid difundir una nota informativa
Horas después, García Ortiz ordenó a la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que difundiera una nota informativa para aclarar los hechos. Con esta información oficial, el fiscal general pretendía aclarar los hechos reales del procedimiento a los medios de comunicación que habían solicitado información sobre la denuncia del Gobierno de Ayuso.
La nota de la Fiscalía de Madrid informa del ofrecimiento de González Amador para reducir su condena
La nota informativa, con el membrete de la Fiscalía de Madrid, daba cuenta de que González Amador había ofrecido a la Fiscalía de delitos económicos, el pasado 2 de febrero, un acuerdo de conformidad para reducir las penas de cárcel que le correspondieran. Para ello, se comprometía a confesar los delitos ―dos fraudes fiscales por 350.000 euros perpetrados en la declaración del Impuesto de Sociedades correspondientes a los años 2020 y 2021― y a devolver lo defraudado más una multa.
