Las energéticas amenazan con recortar inversiones en España si se aprueban nuevos impuestos
Las principales empresas energéticas de España han advertido al Gobierno de que sus inversiones en el país peligran si se aprueban nuevos impuestos para el sector. El Club Español de la Energía, que representa a empresas como Naturgy, Iberdrola, Endesa, Repsol y Moeve, ha emitido una declaración en la que insiste en que las nuevas cargas impositivas tendrán un impacto "directo y negativo" en las inversiones, la competitividad, el empleo y la lucha contra el cambio climático.
El Club Español de la Energía sostiene que el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) requiere de un proceso inversor "perdurable" para alcanzar sus objetivos, por lo que "resulta fundamental evitar la incertidumbre". "Las energéticas son conscientes de la importancia de este proyecto país, y su compromiso, vinculación, y capacidades necesarias para la transición energética y la sostenibilidad son absolutos", apunta.
En su opinión, habría que promover un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las que un 82% debe provenir del sector privado.
Impacto en las inversiones
El Club Español de la Energía advierte de que prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector "dificultará la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos".
Según las energéticas, los nuevos impuestos pondrían en peligro la capacidad de España para atraer inversiones y alcanzar sus objetivos de transición energética. "España necesita un entorno estable y atractivo para las inversiones en energía para cumplir con los ambiciosos objetivos del Pniec y garantizar la seguridad energética del país", afirma el Club Español de la Energía.
Contexto político
La declaración del Club Español de la Energía se produce en un momento en el que el Congreso de los Diputados debate el paquete fiscal del Gobierno. La pieza clave de la negociación es el mantenimiento del gravamen a las energéticas, después de que el Ejecutivo pactara con ERC, EH Bildu y BNG extenderlo un año -vía real decreto ley-, pero sin alterar el acuerdo previo cerrado con Junts para que no afecte a las empresas que invierten en descarbonización.
El gravamen que se aplica ahora fue aprobado en plena crisis energética, a finales de 2022, con un carácter temporal y extraordinario, para incrementar la aportación fiscal del sector en un momento de beneficios récord que las autoridades atribuyeron a los altos precios del gas y la electricidad.
Impacto en los consumidores
Las energéticas advierten de que los nuevos impuestos también tendrán un impacto negativo en los consumidores, ya que acabarán repercutiendo en el precio de la energía. "Los consumidores ya están pagando precios muy altos por la energía, y nuevos impuestos sólo servirían para aumentar la carga sobre sus facturas", afirma el Club Español de la Energía.
Las energéticas piden al Gobierno que reconsidere su propuesta de nuevos impuestos y que trabaje con el sector para encontrar soluciones que permitan financiar la transición energética sin poner en peligro las inversiones y la competitividad de España.
"El sector energético está comprometido con la transición energética y con España como destino de sus inversiones. Pero necesitamos un entorno estable y predecible para poder cumplir con nuestros compromisos", afirma Francisco Reynés, presidente del Club Español de la Energía.
- Francisco Reynés, Presidente del Club Español de la Energía
El sector energético es uno de los pilares de la economía española y un motor de empleo. Las inversiones en energía son esenciales para garantizar la seguridad energética del país, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear nuevos puestos de trabajo.
Las energéticas esperan que el Gobierno tenga en cuenta sus advertencias y trabaje con el sector para encontrar soluciones que permitan financiar la transición energética sin poner en peligro las inversiones y la competitividad de España.
