Aragón impugna el reparto de menores migrantes: Tensión política y desafíos legales
El Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, está intensificando su confrontación con el Gobierno central en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados. En una decisión que está generando controversia y debate a nivel nacional, el Ejecutivo aragonés está aprobando la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley que establece los criterios para la distribución de estos menores entre las diferentes comunidades autónomas. Esta medida, que está siendo impulsada incluso antes de la conferencia sectorial de abril, está poniendo de manifiesto las profundas divisiones existentes en torno a la política migratoria y la gestión de los recursos de acogida.
La postura de Aragón: Desbordamiento y recursos limitados
El Gobierno de Aragón está argumentando que sus recursos de acogida se están viendo desbordados ante la llegada de menores migrantes. Según fuentes del Ejecutivo, la comunidad autónoma está enfrentando serias dificultades para brindar la atención y el cuidado necesarios a estos niños y jóvenes, lo que está generando una situación de tensión y preocupación. En este contexto, la presentación del recurso de inconstitucionalidad se presenta como una medida para proteger los intereses de Aragón y garantizar una distribución más equitativa de los menores migrantes entre las diferentes regiones de España.
En declaraciones recientes, Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha expresado su firme oposición al reparto de menores migrantes tal como está planteado en el real decreto ley. Según Azcón, los criterios establecidos por el Gobierno central no tienen en cuenta el esfuerzo que ya han realizado algunas comunidades autónomas en la acogida de niños y jóvenes extranjeros, lo que está generando una situación de injusticia y desequilibrio. «Estamos buscando que las medidas cautelares para la no entrada en vigor permita que podamos hacer un acuerdo más justo y más sensato», afirmó Azcón en una comparecencia conjunta en Zaragoza junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (El País, 2025).
El apoyo de Murcia y las negociaciones con Vox
Aragón no está solo en su oposición al reparto de menores migrantes. La Región de Murcia también está manifestando su intención de recurrir el real decreto ley ante el Tribunal Constitucional. Al igual que Aragón, Murcia está alegando que sus recursos de acogimiento están al límite y que necesita apoyo adicional para hacer frente a la llegada de menores migrantes. En este sentido, tanto Aragón como Murcia están pendientes de recibir el respaldo de Vox a sus presupuestos autonómicos, lo que podría fortalecer su posición frente al Gobierno central.
La situación política en Aragón y Murcia está marcada por la necesidad de alcanzar acuerdos con Vox para garantizar la aprobación de sus presupuestos. Génova, la sede nacional del Partido Popular, está impulsando a Azcón y a López Miras, presidente de Murcia, a cerrar acuerdos con la formación de Santiago Abascal, siguiendo los mismos «parámetros» del pacto sellado por el president Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. Estos acuerdos podrían tener un impacto significativo en la política migratoria de ambas comunidades autónomas.
Reacciones a nivel nacional: Equilibrios y críticas
La decisión de Aragón de recurrir el reparto de menores migrantes está generando diversas reacciones a nivel nacional. Si bien algunos dirigentes autonómicos del Partido Popular están mostrando su apoyo a la medida, otros están adoptando una postura más cautelosa, reconociendo la necesidad de cumplir con la ley. En este sentido, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alfonso Rueda, presidente de Galicia, han manifestado su compromiso de respetar el Estado de derecho y acatar las leyes vigentes. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también ha modulado su posición, asegurando que cumplirá con la ley, aunque su Ejecutivo está «estudiando» asimismo un posible «recurso» legal (El País, 2025).
El Gobierno central, por su parte, está defendiendo el real decreto ley como una medida necesaria para garantizar una distribución equitativa de los menores migrantes entre las diferentes comunidades autónomas. Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, el objetivo del real decreto es aliviar la presión sobre las comunidades autónomas que están soportando un mayor número de llegadas de menores migrantes, como Canarias y Ceuta. El Gobierno central ha dado de plazo hasta el 31 de marzo para que las comunidades autónomas aporten datos sobre el estado de sus recursos de acogimiento, con el fin de elaborar un mapa completo de la situación.
El contenido del real decreto y las posturas divergentes
El real decreto ley establece una serie de criterios para calcular el número de menores migrantes que corresponde acoger a cada comunidad autónoma. Entre estos criterios se incluyen la población de la comunidad autónoma, su renta per cápita y el esfuerzo que ya haya realizado en la acogida de niños y jóvenes extranjeros. Estos criterios están siendo cuestionados por algunas comunidades autónomas, que consideran que no reflejan adecuadamente su capacidad de acogida y sus recursos disponibles.
El contenido del real decreto está siendo bien recibido por el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP canario, y por el Gobierno de Ceuta, del Partido Popular. A priori se estima el traslado de 4.000 menores de Canarias, donde hay acogidos unos 5.800, y de otros 400 de Ceuta, donde se hacinan unos 420, al resto de territorios (también a Melilla). En Castilla-La Mancha, su presidente, Emiliano García-Page, también ha anunciado que exploran la posibilidad de recurrir una medida que considera «insultante» (El País, 2025).
El impacto político y social de la medida
La decisión de Aragón de recurrir el reparto de menores migrantes está teniendo un impacto significativo en el panorama político y social español. La medida está poniendo de manifiesto las profundas divisiones existentes en torno a la política migratoria y la gestión de los recursos de acogida. Además, está generando un debate sobre la responsabilidad de las diferentes comunidades autónomas en la atención a los menores migrantes y la necesidad de garantizar una distribución equitativa de los recursos.
En este contexto, resulta fundamental promover un diálogo constructivo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con el fin de alcanzar un acuerdo que garantice la protección de los derechos de los menores migrantes y una gestión eficiente de los recursos disponibles. La colaboración y la solidaridad entre las diferentes regiones de España son esenciales para hacer frente a este desafío y construir una sociedad más justa e inclusiva. Según Virginia Martínez (2025), autora del artículo en El País, tanto la dirección del PP como los barones están haciendo equilibrios para cargar contra el reparto de menores migrantes mientras aceptan que no habrá insumisión.
