Menores Migrantes

Amnistía Internacional denuncia la descoordinación y malos tratos a menores migrantes en Canarias, exigiendo mejoras urgentes en el sistema de acogida.

Puigdemont critica al Supremo por la amnistía, Mazón culpa al ecologismo de la DANA, y el Congreso debate el reparto de menores migrantes.

El Gobierno retira el recurso sobre menores migrantes en Canarias para facilitar un acuerdo y cumplir la orden del Tribunal Supremo.

El Gobierno impugna la orden del Supremo sobre la acogida de menores migrantes en Canarias, argumentando la competencia autonómica.

El gobierno de Ayuso recurre el decreto ley sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, alegando invasión de competencias y falta de financiación.

Aragón recurre el reparto de menores migrantes, alegando desbordamiento y buscando un acuerdo más justo, tensionando la política nacional.

El gobierno se prepara para sancionar a las CCAA del PP que rechacen a los menores migrantes, mientras busca soluciones financieras y legales.

El Gobierno distribuye menores migrantes entre comunidades, con criterios de población y renta, y fondos condicionados al esfuerzo de acogida.

Fernando Clavijo celebra el real decreto que permite el reparto de menores migrantes, criticando posturas contrarias y destacando la solidaridad.

El Gobierno y Junts pactan la reforma de la Ley de Extranjería para la redistribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

Casi 6.000 menores migrantes en Canarias se enfrentan a la incertidumbre por falta de acuerdo político y recursos insuficientes.

El PP y Vox en Murcia acuerdan promover la repatriación de menores migrantes, desatando un debate sobre derechos y competencias.

Una familia colombiana fue deportada de Estados Unidos y separada de su nieto de cinco años. El menor quedó en un hogar de paso en ese país.

El Partido Popular critica duramente el acuerdo entre el Gobierno central y Canarias para repartir 4.400 menores no acompañados entre las comunidades autónomas, calificándolo de "inaceptable".

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han establecido los criterios que se utilizarán para distribuir a los 4.500 menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en el archipiélago y en Ceuta.

El Partido Popular (PP) exige al Gobierno que asuma la tutela directa de los menores migrantes que ya no caben en los centros de acogida y que actúe con "responsabilidad estructural" para "acabar con el negocio de las mafias".

Cada año, cientos de jóvenes migrantes tutelados por la Comunidad de Madrid se ven abocados a buscarse la vida en la calle al cumplir la mayoría de edad. La falta de plazas en pisos de transición y la precariedad del sistema de protección les empujan a una situación de extrema vulnerabilidad.

La migración infantil se dispara en México, con un aumento del 514% en detenciones en seis años. Venezuela se convierte en el principal país de origen, y la cifra de menores no acompañados se diversifica.

A pesar de los debates políticos, 19 jóvenes inmigrantes trabajan en la feria navideña de Madrid, demostrando la importancia de la acogida y la integración.

El PP condiciona su apoyo a la redistribución de menores migrantes a que el Gobierno cambie su política migratoria. La negociación ha fracasado en una reunión de dos horas.

El Gobierno ha solicitado al PP negociar este lunes o jueves la reforma de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados, tras la petición del PP de interlocución con la UE y la carta del Ejecutivo a Von der Leyen.

La propuesta de Vox ha sido criticada por partidos políticos, organizaciones sociales y expertos por considerarla xenófoba y discriminatoria.

El Ministerio de Derechos Sociales considera que la ubicación del centro, en un polígono industrial alejado de núcleos urbanos, vulnera los derechos fundamentales de los menores. La Comunidad de Madrid defiende la idoneidad del centro, mientras que organizaciones sociales piden su cierre.

Las Islas Canarias reclaman 157 millones al Gobierno para hacer frente a los gastos de los menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo canario insiste en un "acuerdo de Estado" y el PP bloquea las negociaciones.