Madrid impugna el acuerdo de reparto de menores migrantes no acompañados ante el Tribunal Constitucional
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, está intensificando su confrontación con el Gobierno central al anunciar su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que modifica la ley de extranjería. Esta modificación, aprobada recientemente, permitiría el traslado de menores migrantes no acompañados desde territorios con alta tensión migratoria, como Canarias y Ceuta, hacia otras regiones. La administración madrileña considera que esta medida invade sus competencias y podría resultar en la llegada de más de 700 niños a la región.
Fundamentos del Recurso
Según Miguel Ángel García Martín, portavoz regional, el decreto ley «vulnera distintos preceptos y principios constitucionales, e invade desde luego competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en materia de asistencia social y de protección y tutela de menores de edad». El Gobierno regional argumenta que el Ejecutivo central no puede decidir arbitrariamente dónde deben ser acogidos los menores, ya que esto vulnera sus derechos al desplazarlos basándose en cuotas subjetivas y políticas, sin priorizar su bienestar. Además, critica que el decreto se haya pactado con partidos independentistas, al margen de las comunidades autónomas, lo que consideran una falta de lealtad institucional.
La Comunidad de Madrid también cuestiona la autonomía financiera, argumentando que el decreto carece de una memoria económica suficiente para financiar la atención a estos menores. Además, impugna la utilización de un decreto ley para modificar la ley de extranjería, sosteniendo que debería haberse tramitado mediante una ley orgánica. La administración regional denuncia que este acuerdo depende de un pacto con Junts, lo que, según sus estimaciones, resultaría en que «del total de menores a distribuir [en estos momentos] por el conjunto de la Península [unos 4.000], a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700», conforme a lo asegurado por el partido independentista catalán en una nota de prensa.
La Respuesta de Isabel Díaz Ayuso
Tras el anuncio oficial del recurso, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reforzado su postura a través de redes sociales, afirmando: «Nuestro Gobierno cumple la ley, por eso ya atendemos a miles de menores. Pero no vamos a cooperar con el caos migratorio del Gobierno». Ayuso ya había expresado su intención de llevar su queja contra la reforma de la ley de extranjería ante la Unión Europea y los tribunales, continuando así con el choque constante entre la administración regional y la estatal.
Este nuevo enfrentamiento se suma a una larga lista de litigios entre Madrid y el Gobierno central. El Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver una decena de recursos de la oposición, el Estado o el Defensor del Pueblo contra decisiones adoptadas y leyes aprobadas tanto en tiempos del gobierno de coalición (PP y Cs) como desde que los conservadores gobiernan en solitario. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha recurrido la ley de amnistía estatal, mientras que el Gobierno central ha impugnado las reformas de las leyes trans y contra la LGTBIfobia autonómicas.
Contexto Político y Reacciones
La decisión de Madrid de recurrir ante el Tribunal Constitucional se enmarca en un contexto de tensiones políticas crecientes entre el gobierno regional y el central. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado las declaraciones de Ayuso, acusándola de tener «tintes racistas», y recordando que «cuando hubo que recoger a niños ucranianos, no hubo ningún problema de financiación».
El Choque Permanente entre Administraciones
Este recurso añade un nuevo capítulo a la disputa en curso entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La constante confrontación legal y política se manifiesta en diversos ámbitos, desde la política económica y sanitaria hasta la educativa y la atención a los menores migrantes. La resolución de estos conflictos, en muchos casos, recae en el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en un escenario clave para dirimir las diferencias entre ambas administraciones, según «Juan José Mateo» (El País).
Este enfrentamiento plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en la gestión de la migración y la protección de menores. La resolución del Tribunal Constitucional será crucial para determinar el alcance de las competencias de cada administración y el marco legal para la atención a los menores migrantes no acompañados en España.
Según «Ediciones EL PAÍS S.L.» (El País), este recurso plantea importantes interrogantes sobre la distribución de competencias y la financiación de la atención a menores migrantes, y subraya la necesidad de un diálogo constructivo entre las administraciones para garantizar la protección de los derechos de estos niños.
