Los estatales de ATE ratificaron el paro nacional del 5 de diciembre
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que llevará adelante un paro nacional de 24 horas el próximo lunes 5 de diciembre, en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo al Sistema de Evaluación Pública que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida de fuerza fue ratificada en un plenario nacional de delegados que se realizó en el Anfiteatro Eva Perón, con la participación de dirigentes de todo el país.
"Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos", advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.
El reclamo de ATE incluye una recomposición salarial inmediata, ya que en la última paritaria el Gobierno otorgó un aumento del 2% para noviembre y un 1% para diciembre, lo que consideran insuficiente.
Además, rechazan el Sistema de Evaluación Pública que impulsa la administración de Horacio Rodríguez Larreta, al considerar que se trata de una herramienta para despedir trabajadores.
El Gobierno de la Ciudad anunció que a partir de diciembre se llevará a cabo una evaluación a unos 40.000 trabajadores del Estado, que incluirá preguntas sobre comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.
Los trabajadores que no aprueben la evaluación podrían ser despedidos, según advirtió el Gobierno.
ATE también exige el cese de los despidos en el sector público, la reincorporación de los despedidos ilegítimamente y el freno al vaciamiento de los organismos públicos.
El Gobierno anuncia el despido de trabajadores de ATE que hicieron un paro en el Registro del Automotor
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este martes que despedirá a los trabajadores de ATE que llevaron adelante la semana pasada un paro en el Registro del Automotor.
La decisión tuvo lugar tras la denuncia realizada por el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, quien acusó a los trabajadores de provocar "interrupciones del servicio, pérdidas millonarias al Estado y daños irreparables a los ciudadanos".
"Esta Administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales", expresaron desde la cartera de Justicia y Seguridad.
