Las nuevas familias desplazan a las tradicionales, pero la economía no se ha dado cuenta
El núcleo familiar tradicional, aquel formado por dos padres heterosexuales con hijos, ha dejado de ser mayoritario en España. Según el último censo, de 2021, este tipo de familias representa solo el 48% del total, frente al 58% de 2001 o el 65% de 1990. En su lugar, crecen con fuerza otros modelos familiares, como los hogares monoparentales o las familias reconstituidas (parejas formadas con hijos de uniones anteriores).
Este cambio en la composición del hogar tiene importantes consecuencias económicas y sociales. Por un lado, favorece que las familias puedan vivir con menos recursos, ya que tienen menos hijos dependientes. Por otro lado, supone un aumento de la desigualdad, ya que las familias monoparentales y sin hijos tienen un mayor riesgo de pobreza y exclusión social.
El envejecimiento de la población también está contribuyendo al cambio en el tipo de familia. Cada vez hay más personas mayores que viven solas o en residencias, lo que reduce el número de hogares con niños.
Estos cambios demográficos están teniendo un impacto en la economía. La disminución de la natalidad está reduciendo el crecimiento del PIB, ya que se produce menos y se invierte menos en educación y sanidad. El envejecimiento de la población, por su parte, está aumentando el gasto en pensiones y sanidad.
Los expertos consideran que el sistema de prestaciones sociales no está adaptado a la nueva realidad familiar. Las ayudas a las familias siguen siendo escasas y no se tienen en cuenta las necesidades específicas de las familias monoparentales y sin hijos.
El Gobierno está tramitando una Ley de Familias que pretende dar respuesta a los nuevos modelos de familia, pero los expertos consideran que es insuficiente. La ley solo contempla algunos permisos y ayudas, pero no aborda cuestiones transversales como el acceso a la vivienda o al empleo de calidad.
Los cambios en la composición del hogar y el envejecimiento de la población son retos que la economía debe afrontar. Es necesario adaptar el sistema de prestaciones sociales y adoptar políticas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral.
