Cataluña avanza en la regulación del alquiler de temporada: Un pacto entre el Govern y las izquierdas
En un giro político significativo, el Gobierno catalán, liderado por Salvador Illa, está llegando a un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Comuns y la CUP para convalidar el decreto-ley sobre vivienda en el Parlament. Este acuerdo, que se está negociando intensamente, se centra en regular el alquiler de temporada, una modalidad que muchos propietarios están utilizando para eludir los límites de precios establecidos por la ley de vivienda. La información fue confirmada por Bernat Coll, Àngels Piñol y Camilo S. Baquero, periodistas de El País.
El principal objetivo de esta regulación es cerrar las brechas legales que permiten a los propietarios ofrecer alquileres de corta duración, generalmente entre 1 y 11 meses, sin estar sujetos a los topes de precio. Esta práctica, que ha sido criticada por diversos sectores sociales, está generando un aumento en los precios de la vivienda y dificulta el acceso a la misma para muchos ciudadanos.
Blindaje de la vivienda de protección oficial
Además de la regulación del alquiler de temporada, el acuerdo también contempla el blindaje de la vivienda de protección oficial (VPO). Según El País, se busca evitar que estas viviendas pierdan su condición protegida y pasen al mercado privado, lo que agravaría aún más la crisis de vivienda en Cataluña. El Gobierno catalán está calculando que alrededor de 36.000 pisos podrían perder su protección oficial hasta 2030, y unos 8.000 solo este año.
Para abordar esta situación, se está proponiendo la declaración de zonas de mercado tensionado, donde las VPO se prorroguen automáticamente mientras dure dicha declaración. Esta medida, impulsada principalmente por los Comuns, busca garantizar que las viviendas sociales sigan cumpliendo su función social y no se conviertan en un mero activo financiero.
Detalles del acuerdo y su impacto en el mercado
Uno de los puntos clave del acuerdo es la diferenciación entre el alquiler de temporada con fines recreativos y el alquiler de temporada con fines residenciales. Según Susanna Segovia de Comuns, «en los nuevos contratos se deberá acreditar su uso y su finalidad; y cuál es la residencia de la persona que lo alquila en el caso de los que son de temporada». Esto significa que solo aquellos propietarios que puedan demostrar que el inquilino tiene una vivienda fija podrán ofrecer alquileres de temporada con fines recreativos, que no están sujetos a los límites de precio. El País destaca que esta medida está diseñada para evitar abusos y garantizar que la mayoría de los contratos de alquiler de temporada sean de uso residencial, sujetos a las limitaciones de precio.
Además, la nueva norma también está limitando los alquileres de habitaciones, estableciendo que la suma de todas las rentas no podrá superar el tope establecido por ley. Esta medida busca evitar la especulación en el mercado de habitaciones, que también está experimentando un aumento significativo de los precios.
Registro de grandes tenedores y fiscalidad
Otro aspecto importante del acuerdo es la creación de un registro de grandes tenedores, que incluirá tanto a empresas como a personas físicas. Este registro facilitará la aplicación de los impuestos de transmisión patrimonial y permitirá un mayor control sobre el mercado de la vivienda. Como señala El País, Comuns y PSC ya pactaron aumentar el gravamen del 10% al 20% precisamente a los grandes tenedores.
Reacciones y perspectivas
El acuerdo entre el Govern y las izquierdas está generando diversas reacciones. Mientras que los partidos que lo respaldan lo celebran como un avance significativo en la lucha contra la crisis de la vivienda, otros sectores critican la intervención del Estado en el mercado y advierten sobre posibles efectos negativos en la oferta de vivienda. La diputada de la CUP, Laure Vega, ya había anticipado en el Parlament su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por su parte, Ester Capella (ERC), exconsejera de Territorio, comentó que «Estamos donde estábamos hace un año, pero ahora somos más» según informa El País.
Sin embargo, el temor de los socialistas reside en que la regulación pueda invadir competencias reservadas al Estado, como ya dictaminó en 2022 el Tribunal Constitucional.
En definitiva, el acuerdo para regular el alquiler de temporada en Cataluña representa un intento de abordar la crisis de la vivienda desde una perspectiva social y política. Sus efectos reales se verán en los próximos meses, pero es innegable que marca un antes y un después en la regulación del mercado de la vivienda en Cataluña. La sociedad catalana está expectante ante los resultados de estas medidas y su impacto en el acceso a una vivienda digna y asequible.
Implicaciones para estudiantes
Es importante destacar que, bajo esta nueva regulación, los estudiantes que se están desplazando a otra ciudad durante el curso académico podrán acceder a alquileres de temporada de uso residencial, lo que significa que los precios estarán sujetos a las limitaciones establecidas por la ley. Esto podría facilitar el acceso a la vivienda para este colectivo, que a menudo se ve afectado por los altos precios y la escasez de oferta.
