El gobierno denuncia comedores inexistentes y la fiscalía inicia una investigación
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ha denunciado la existencia de comedores que no funcionan, lo que ha llevado a la apertura de una investigación por parte de la fiscalía.
Citaciones y pedidos de informes
El fiscal Ramiro González ha solicitado al Ministerio de Capital Humano que proporcione información sobre el personal responsable del control de los comedores registrados, así como sobre los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y del área de Seguridad Alimentaria.
Además, ha citado a declarar a Leila Daniela Gianni, Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, para el lunes 20 de mayo.
Investigación en curso
La investigación tiene como objetivo determinar la identidad y participación de todas las personas responsables de los hechos denunciados, incluidos funcionarios públicos de distintas áreas y particulares que hayan actuado en connivencia para desviar fondos públicos.
Irregularidades en el RENACOM
La denuncia se produce tras una serie de auditorías realizadas por el gobierno, que han revelado irregularidades en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM).
Según el gobierno, sólo se ha podido relevar la mitad de los comedores registrados, y de ellos, el 20% recibe financiación irregular.
Además, el 32% de los comedores no funciona como tal, el 25% de los datos de preinscripción no coinciden con la información real y el resto se encuentran en direcciones inexistentes.
Recursos de amparo
Paralelamente a la investigación, se han presentado varios recursos de amparo ante la justicia para exigir al gobierno que garantice la entrega de alimentos a los comedores y que no suspenda su distribución.
Distintas organizaciones han recurrido a la justicia para que se proteja el derecho a la alimentación de las personas más necesitadas.
Recursos de amparo para garantizar la entrega de alimentos
Varias organizaciones sociales han presentado recursos de amparo ante la justicia para exigir al gobierno que garantice la entrega de alimentos a los comedores y que no suspenda su distribución.
Estas organizaciones argumentan que la suspensión de la entrega de alimentos pone en riesgo la seguridad alimentaria de las personas más necesitadas.
El gobierno, por su parte, ha argumentado que necesita verificar el funcionamiento de los comedores para evitar el desvío de fondos públicos.
La justicia aún no se ha pronunciado sobre estos recursos de amparo.
